El Gobierno de Pedro Sánchez está abierto a reducir los 14 días previstos para cada fase de la desescalada si la evolución «epidemiológica» lo permite. En estos momentos, el plan vigente es que cada territorio se mantenga dos semanas en cada etapa. Si no se acelerara el ritmo, Barcelona y Madrid, las dos grandes ciudades más rezagadas, y la mitad de Castilla y León alcanzarían la llamada «nueva normalidad», como pronto, el 6 de julio. «Vamos a estudiar si hay opciones de modificarlo», afirmó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa tras la Conferencia de Presidentes dominical.
El Ejecutivo central ha ido flexibilizando el programa de desescalada que presentó el 28 de abril. Entre otras modificaciones, introdujo una franja del 0,5 y ha permitido mayor margen en los paseos en grupo o en familia en la fase 1, que hoy estrenan los territorios que van más lentos en la desescalada.
El optimismo que trasluce la afirmación de Illa concuerda con el mensaje que Sánchez envió a los dirigentes autonómicos en la cita telemática. El jefe del Ejecutivo afirmó que, si no hay rebrotes y la cifra de contagios sigue disminuyendo, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días.
FEIJÓO SE LANZA /Cuando tomó la palabra el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), le recordó sus palabras y espetó: «Galicia se presenta candidata a esa propuesta». Se oyeron risas de los otros dirigentes. «Lo has dicho, presidente, lo has dicho», continuó Feijóo, según el asesor de un jefe de Ejecutivo autonómico. El líder de la Xunta considera que en su autonomía no se debería aplicar ya la alarma el 8 de junio, cuando espera que entre en la fase 3.
La actual prórroga acabará el 7 de junio, aunque el Ejecutivo estudia la posibilidad de pedir otra. La Moncloa ve la opción de un estado de alarma asimétrico. La idea satisface al lendakari, Íñigo Urkullu, y a Quim Torra, aunque la situación en sus comunidades es muy diferente. Mientras Euskadi entra en la fase 2 hoy, la mitad de Cataluña estrena la 1. Y Sánchez se refirió a «comunidades», no a áreas sanitarias o provincias.
En el encuentro, Torra presentó a Sánchez su paquete de cuarenta medidas para reactivar la economía catalana y exigió al Gobierno que ingrese a la Generalitat 13.000 millones de euros, 9.000 por deudas históricas acumuladas y 4.000 por los gastos derivados del impacto del coronavirus. Torra insistió en que «Cataluña tiene que ejercer su derecho de autodeterminación» y apuntó que, hasta que la Generalitat no recupere todas las competencias, votarán en contra de la prórroga del estado de alarma, informa Júlia Regué. Habló en plural, incluyendo a JxCat y a ERC, algo que ya sabe que molesta a los republicanos.
Sánchez abordó la vuelta del turismo extranjero. Dijo que se convocará al Consejo Interterritorial para consensuar medidas con las comunidades. También se pactarán con los grupos en el Congreso los criterios de reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable para luchar contra el covid-19. El primer monto, de 6.000 millones, llegará en julio.
«ensucia la política» / En la undécima reunión semanal de los dirigentes autonómicos desde que estalló la pandemia, se habló del pacto que el PSOE hizo con Bildu para derogar la reforma laboral. Los cinco diputados independentistas vascos correspondieron con su abstención en la votación de la prórroga del estado de alarma, aunque finalmente no fue necesaria porque Ciudadanos y PNV votaron sí. El lendakari Íñigo Urkullu, socio de investidura y con elecciones en seis semanas, no ha entendido ese acercamiento y dijo que le había desconcertado.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), también aprovechó, aunque por razones diferentes, para mostrar su malestar a Sánchez y denunció que ese acuerdo con Bildu «ensucia la vida política».
