El Gobierno anunció ayer que se personará en el Tribunal Supremo en el caso Gürtel para respaldar a la Agencia Tributaria, que ha detectado la comisión de un delito fiscal por parte del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas. Mientras, la fiscalía del alto tribunal trabaja a todo ritmo para emitir lo antes posible un dictamen en el que defenderá que sea este tribunal el que investigue a todos los implicados en esta trama corrupta, excepto la parte que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), en el que están imputados el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otras tres personas.

La Abogacía del Estado justifica su decisión en la necesidad de "defender y velar por los intereses de los ciudadanos cuando existe una presunción de delito en las obligaciones tributarias". También recuerda que es una "actuación habitual" y revela que empezará a actuar cuando el Supremo se declare competente para instruir este caso.

Precisamente, la sala de admisión del alto tribunal, integrada por cinco jueces, mantuvo ayer su primera reunión y acordó pedir un informe al fiscal sobre competencia. Fuentes jurídicas han explicado que los magistrados estudian si asumen la totalidad de la causa instruida por Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), o solo a los aforados: el senador y tesorero Luis Bárcenas, imputado por delito fiscal y cohecho, y el diputado popular Jesús Merino, por cohecho. El juez del TSJM instó la investigación por cohecho contra el exeurodiputado Gerardo Galeote, que ya ha perdido el fuero por las elecciones del pasado 7-J.

EL DEBATE Fuentes jurídicas han adelantado que la fiscalía anticorrupción defendió, en el dictamen en el que reclamó a Pedreira la remisión de la causa al Supremo, la necesidad de perseguir a todos los imputados en el TSJM desde el alto tribunal. Para la fiscalía, según estas fuentes, es difícil "enjuiciar unas conductas sin enjuiciar otras".

Por ello, explicaron en su dictamen que no se puede desgajar un presunto delito de blanqueo de capitales cometido supuestamente por Bárcenas del resto de la trama. Al parecer, el tesorero popular ingresó en uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe una parte del dinero que habría percibido de la trama que dirigía Francisco Correa. Asimismo, estas fuentes sostienen que no se pueden investigar separadamente los delitos de cohecho detectados, ya que es difícil desligar la trama de adjudicaciones ilegales de la red corrupta.

SUPLICATORIO Además, la fiscalía apoya que el instructor del caso, previsiblemente el magistrado Juan Ramón Berdugo, llame a declarar a Bárcenas y Merino sin necesidad de pedir el correspondiente suplicatorio a las cámaras. En otros procesos, los imputados han renunciado voluntariamente a este requisito. Mientras tanto, Antonio Pedreira continúa con la instrucción de este caso hasta el momento en el que el Supremo le ordene cesar la investigación.