Al margen de la gestión de la crisis económica, el Gobierno desea recuperar el pulso de la legislatura con algunas de sus iniciativas políticas más importantes. Prueba de ello fue la decisión de ayer, en el Consejo de Ministros, de sacar adelante un paquete de medidas que desarrollan la ley de la memoria histórica.
Alentado el Gobierno por la decisión del juez Baltasar Garzón, que ya ha posibilitado la apertura de fosas de la guerra civil, aprobó ayer el plazo para que las víctimas de la guerra civil y el franquismo pidan indemnizaciones. También ha fijado las instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en edificios del Estado, y regula la obtención de la nacionalidad española por parte de los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de exiliados, que puede llegar a beneficiar a 500.000 personas. A esas medidas se añadió la recomendación del comité de la ONU para los derechos humanos al Gobierno español de derogar la ley de amnistía de 1977. E instó, además, al Ejecutivo a crear una comisión que permita a las familias exhumar e identificar a los desaparecidos, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega quiso diferenciar las iniciativas del Gobierno del proceso judicial, aunque expresó el deseo del Gobierno de "colaborar" en lo que sea necesario. El Gobierno no quiere quedar por detrás y dar la impresión de que la ley de la memoria histórica no es suficiente para reparar a las víctimas del franquismo. Así, aprobó un decreto ley que prevé una indemnización de 135.000 euros a los beneficiarios de quienes fallecieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 "en defensa y reivindicación de las libertades y los derechos democráticos".
En la misma línea, el Gobierno adoptó un acuerdo del Ministerio de Cultura por el que se dan instrucciones para retirar símbolos franquistas de edificios del Estado, como escudos, placas o exaltaciones de la sublevación, salvo los que sean considerados bienes de interés cultural.
