El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el diputado de Amaiur Iker Urbina se han echado en cara quién debe mover ficha con ETA, y mientras el primero ha instado a esa formación a que exija la disolución de la banda, el parlamentario ha pedido al Gobierno que salga de su "inmovilismo".

La banda terrorista ETA ha estado presente en la comparecencia del ministro en la comisión de Interior del Congreso, especialmente en el turno de intervención de Amaiur y UPyD, así como en las réplicas de Fernández Díaz.

El diputado de la izquierda abertzale ha reprochado al ministro que intente "apaciguar las voces más ultras de su partido", que el Gobierno siga anclado "en códigos de imposición militar" en Euskadi y que no atienda a ETA a pesar de haber mostrado de forma pública su voluntad de desarmarse.

Pero sobre todo, Urbina ha acusado al Ejecutivo del PP de incumplir los derechos de los presos e, incluso, el Código Penal y el reglamento penitenciario, que señalan que los reclusos deben cumplir las condenas impuestas "lo más cerca de su lugar de residencia".

Ante ello, el titular de Interior ha pedido a Amaiur "seriedad" y "rigor" y le ha recriminado que se crea y monte "su propia película" en este asunto, porque "no puede decirse que se vulnera el derecho de alguien que, por ejemplo, ha asesinado a 17 personas".

Para Amaiur, según el ministro, las víctimas y la sociedad son "los malos" de la película que además tienen que dar "las gracias" a ETA por haber dejado de matar y extorsionar.

Ha calificado de "broma macabra" las acusaciones de Amaiur sobre el incumplimiento de los derechos de los presos y ha recordado al diputado abertzale que la legislación penitenciaria española es una de las más avanzadas del mundo.

"Si conociera el mundo, no diría las barbaridades que ha dicho", se ha dirigido el titular de Interior a Urbina, a quien ha retado a que haga sus propuestas en "foros serios".

Y si en algo han coincidido es en que hay un déficit democrático, si bien para el ministro este se produce porque existe una fuerza política que se niega a condenar el terrorismo y a exigir a ETA que demuestre con hechos su voluntad de desaparecer definitivamente, es decir, que entregue las armas.

Una vez más, Fernández Díaz ha dejado claro que no ha negociado, negocia ni negociará con ETA, porque para negociar hay que partir de la premisa que el otro tiene razones, y "una persona que actúa con bombas y pistola no tiene razones".

Por último, le ha dicho al diputado que ya que estaba preocupado por los presos etarras, la disolución de ETA tendría consecuencias en los reclusos, ya que podrían acogerse a las medidas de reinserción terroristas sin la "coacción" de la banda terrorista.

Urbina se ha defendido y ha hecho hincapié en que la postura de su grupo es tan legítima como la de otras fuerzas políticas, que además ha quedado explícita en sus declaraciones de Aiete, Gernika y Kursaal.

Tras reconocer el daño que se ha causado a las víctimas, el diputado ha reiterado que la "receta" de Amaiur para el "conflicto vasco" es una solución integral, en la que el Gobierno no debe ser "un agente neutral", sino que "es fundamental que mueva ficha y salga del inmovilismo".

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también ha abordado la situación del País Vasco y ha centrado su intervención en pedir al Ejecutivo que inicie el incidente sobrevenido para la ilegalización de Sortu y Bildu.

Díez ha opinado que la democracia española es de "baja calidad" si en ella pueden participar grupos como Amaiur "sin que pase absolutamente nada" y ha agregado que ETA estará derrotada "cuando el negacionismo esté penado política y penalmente".

"No tenga duda de que el Gobierno ha puesto el marcador a funcionar", le ha respondido el ministro antes de señalar que se está tomando nota de las conductas que puedan incumplir la Ley de Partidos para trasladarlas a quien puede presentar el incidente de ilegalización.

En su primera intervención, el ministro ha subrayado la debilidad de ETA, que ya no tiene "santuarios a los que acogerse" y ha resaltado la actividad policial que ha permitido que en lo va de año se hayan detenido a 8 supuestos etarras y a 40 desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno.