El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confirmado este lunes que el Gobierno aprobará la nueva ley del aborto antes de finales del próximo mes de octubre, como publica el diario Abc.

En una entrevista en RNE, Ruiz-Gallardón ha avanzado que "no va a haber ningún tipo de bandazos del PP", sino que la nueva ley del aborto responderá al "discurso tradicional" de su partido en defensa del derecho a la vida y los derechos de la mujer y al criterio del Tribunal Constitucional.

El titular de Justicia ha explicado que la nueva regulación, como consecuencia del compromiso electoral adquirido por el PP, atenderá a los criterios que plasmó en el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la legislación del aborto que hizo el PSOE, que, a su juicio, no fue comprometida con los ciudadanos, no fue pactada y careció de consenso.

Respaldo de todo el Gobierno

Para Ruiz-Gallardón, el actual Gobierno responderá al mandato de los ciudadanos, a diferencia del PSOE, que hizo "una modificación unilateral" de la legislación del aborto y rompió el consenso que habían alcanzado los gobiernos del PSOE y del PP. "No podemos hablar de diferencias internas dentro del Gobierno" en relación con la ley del aborto, según el ministro, quien ha precisado que ha habido un proceso interno por tratarse de "un asunto muy delicado en el que hay que oír todas las voces".

Gallardón ha resaltado que el Ejecutivo ha conformado un criterio que no se distancia del "discurso tradicional" del PP en defensa del derecho de la vida y de los derechos de la mujer y que además se adecúa a la doctrina del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha asegurado que será "un proyecto asumido compartido y respaldado por el Gobierno en pleno".

Malformación fetal

La norma, que permite abortar a las menores de 16 a 18 años sin conocimiento paterno en caso de conflicto, establece un sistema de plazos por el que el aborto es libre durante las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 si se diagnostica que existe riesgo grave para la mujer o anomalías graves en el feto. Si estos problemas fueran incompatibles con la vida de alguno de los dos, no habría límite temporal para interrumpir la gestación.

Según ha venido declarando Gallardón desde que tomara posesión de su cargo, la intención del Ejecutivo es una norma que se aproxime más al sistema de supuestos vigente en España desde 1985, por el que se permitía a la mujer interrumpir el embarazo sólo en tres determinados casos --violación, malformación fetal o grave riesgo para su salud física o psicológica-- y que proteja al no nacido en los términos definidos por el Tribunal Constitucional.