El Gobierno admite que la campaña electoral dificulta poder aprobar vía decreto el paquete de medidas sociales que Pedro Sánchez trataba de salvar del naufragio de la legislatura. Son cambios que el Ejecutivo prevé alumbrar en las próximas reuniones del Consejo de Ministros, pero que necesitan la convalidación del Congreso de los Diputados. La mayor parte de esos cambios están ahora en aire. La proximidad de las elecciones el 28 de abril propicia que incluso los partidos que tienen mayor sintonía con las posiciones del PSOE se desmarquen para diferenciarse. Además, como las Cortes quedarán disueltas el próximo 5 de marzo, será la diputación permanente quien vote esos decretos y en ese órgano las mayorías son ajustadísimas, más que en el pleno. A nadie se le escapa que el marco es ganador en todo caso para la Moncloa. Lo que logre sacar adelante se lo apunta como tanto electoral y lo que la oposición le tumbe en este tiempo de descuento le servirá como reproche para alimentar la campaña y como promesa en el programa de gobierno.
En este contexto, el Ejecutivo prefiere ser prudente y rebaja las expectativas de qué asuntos pueden realmente rescatarse.
BRECHA SALARIAL
De momento, lo confirmado es que este viernes el Consejo de Ministros aprobará medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que no han logrado ser pactadas con sindicatos y patronal. La propuesta definitiva, sostienen fuentes gubernamentales, se está cerrando y este miércoles debería recibir el plácet de la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Salvo sorpresas, el documento recogerá medidas para recortar la brecha salarial pero no la ampliación de permisos de paternidad de cinco a dieciséis semanas. Alegan los socialistas que, con la prórroga de los Presupuestos de Mariano Rajoy, no hay margen.
Los actores sociales esperan que el Gobierno les haga llegar una nueva propuesta. La presentada hasta ahora, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluía la obligación de las empresas a someterse a una auditoría interna para detallar sueldos y complementos salariales. También rebajaba de 250 empleados a 50 la plantilla mínima para que una compañía esté obligada a tener un plan de igualdad. Además mejoraba la protección de las mujeres embarazadas.
Otra gran medida estrella está en dique seco. Se trata de un decreto ley ómnibus con propuestas en materia de alquileres, pensiones, o la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años.
Este martes se canceló la reunión prevista entre Gobierno y agentes sociales ante las perspectivas de desacuerdo. El ministerio de Trabajo ya ha advertido que no elevará ninguna propuesta al Consejo de Ministros si no consigue previamente el compromiso de apoyo de sindicatos y grupos políticos.
Los aliados de Pedro Sánchez durante la legislatura no están nada cómodos con tener que convalidar esos reales decretos ley. Los socios de la moción de censura, como PDECat, PNV o ERC, ya han explicado que valorarán cada caso.
El reposicionamiento de los aliados socialistas volverá a evidenciarse este miércoles en la última sesión de control al Gobierno. Antes, a las nueve, el presidente comparece ante la Cámara para dar cuenta de las polémicas suscitadas por las sociedades instrumentales de sus ministros, y para informar del brexit y la situación en Venezuela. La previa del toma y daca en el hemiciclo se vivió este martes con una moción con la que Ciudadanos volvió a intentar desgastar a Sánchez por el diálogo con los partidos independentistas.
