Las administraciones reparten cada año una fortuna en subvenciones, potente instrumento para desarrollar políticas públicas y, también, para conquistar voluntades. Aunque no hay datos globales, sí consta que solo el Estado destina a este capítulo el 20% de su presupuesto --más de 50.000 millones de euros anuales--, y las comunidades y municipios no le andan a la zaga. Para ordenar el disperso mercado de las ayudas públicas, el Gobierno central ha decidido poner bajo su control las millonarias subvenciones que otorgan todas las autonomías y ayuntamientos.

Desde el pasado 25 de julio, las autonomías y las corporaciones locales --así como sus organismos, fundaciones y sociedades públicas-- están obligadas a trasladar al Estado, con una periodicidad trimestral, información exhaustiva sobre todas las subvenciones que convoquen y concedan, incluidas las que abonan con cargo a los fondos de la UE. La información debe reseñar la convocatoria de ayudas, la normativa en que se sustenta, la resolución por la que se otorga, importe y fecha de los pagos, identidad de los beneficiarios y la justificación del destino que estos han dado a la subvención, así como las devoluciones.

TODO EN MANOS DEL MINISTRO En aplicación del reglamento aprobado por el Consejo de Ministros --elaborado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes--, el destinatario de este ingente volumen de papel será el propio Ministerio de Economía. A través de la Intervención General de la Administración del Estado, el departamento que encabeza Solbes ya fiscaliza las ayudas que reparte la Administración central y sus innumerables organismos públicos.

Toda esta documentación se archivará en un centro de nuevo cuño, el Banco de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), también controlado por Economía. Lo que permitirá al Ejecutivo estrechar el control sobre las ayudas de todas las administraciones, velar por su legalidad y combatir la picaresca.

El reglamento, que simplifica los trámites administrativos para obtener ayudas de menos de 3.000 euros, tiene como principal objetivo aumentar la transparencia para evitar el uso fraudulento de los recursos públicos. Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que algunas administraciones apenas controlan el destino de las subvenciones que conceden, y que el deber de informar al Estado las forzará a establecer mecanismos de fiscalización.

De analizar el reparto de estos fondos y mejorar su gestión se ocupará otro organismo nuevo, la Junta Consultiva de Subvenciones. Adscrita también a Economía, en principio solo fiscalizará las ayudas que otorga el Estado y las financiadas con cargo a los fondos de la UE.

El reglamento impulsado por Solbes desarrolla la ley general de subvenciones del 2003, aprobada con carácter básico --es decir, con voluntad de condicionar a las autonomías-- por el Gobierno del PP. Entonces fue rechazada en el Congreso por el PSOE.

FINANCIACION TRANSPARENTE Por otra parte, y sin esperar a que el Congreso desencalle la ley de financiación de los partidos, el Gobierno ya ha tomado una primera medida para aumentar su transparencia. La disposición adicional décima del reglamento aprobado por el Consejo de Ministros sistematiza el pago de subvenciones a las fuerzas políticas y establece que Interior las publicará cada trimestre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).