La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha destacado el acuerdo alcanzado hoy con las autonomías para avanzar en un nuevo modelo más "justo" de reparto de los fondos recaudados a través de la casilla del 0,7 % del IRPF, basado en criterios como la tasa de pobreza Arope.
Montón, que ha presidido hoy el primer Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia a los 48 días de llegar al Gobierno, ha defendido la urgencia de esa convocatoria por la necesidad de desbloquear los fondos que se destinan al Tercer Sector para desarrollar los programas sociales.
En concreto, se ha abordado el reparto de 251.971.360 millones recaudados a través de esa casilla, 11,2 millones más que en el ejercicio anterior; de ellos se ha establecido un tramo estatal del 19,56 % (49,2 millones de euros) y un tramo autonómico del 80,44 % (202,68 millones).
El Gobierno ha trasladado hoy a las comunidades autónomas una propuesta para repartir "con criterios objetivos, más justos y de manera más transparente" ese presupuesto, manteniendo los criterios aprobados el pasado año para una cantidad igual a lo recaudado en 2016 e introduciendo los cambios en los 11 millones más obtenidos este año por ese concepto.
Montón ha explicado que se ha convocado para el 18 de septiembre una comisión técnica que fijará los nuevos criterios para futuros repartos.
La ministra ha defendido un "nuevo tiempo de cambio dialogado" y de soluciones compartidas, ha agradecido el "buen tono" de los consejeros y ha puntualizado que se introducirán en ese nuevo modelo los criterios que consensúen las comunidades.
"Hemos consolidado e incluso mejorado el reparto del año pasado", ponderando siete criterios objetivos: población, índice Arope (riesgo de pobreza), superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad.
Además, en esta reunión se han distribuido los programas sociales de los presupuestos generales del Estado, que destinan 60 millones al Protección de la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, 40 millones a Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, 412.500 euros para programas de intervención social para el pueblo gitano y 750.000 euros del Plan Estatal del Voluntariado.
En la reunión de hoy, los consejeros de Gobiernos del Partidos Popular se han abstenido en el punto relacionado con cambio de modelo de reparto.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacado que el nuevo reparto es más justo para su comunidad, aunque reclama que se siga avanzando "para adecuar las circunstancias y aplicar indicadores objetivos" que permita a los ciudadanos tener el mismo trato independientemente del territorio en el que vivan.
La consejera de Políticas Sociales madrileña, Lola Moreno, ha criticado que la ministra plantee nuevos criterios cuando ya existía un acuerdo al respecto por parte de la Comisión Delegada del Consejo, con el que, a su juicio, se establecía un reparto "equitativo" entre comunidades.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha tildado a la nueva distribución de "sectaria" y el consejero gallego, José Manuel Rey, ha abogado por unos criterios "más homogéneos" para todo tipo de repartos, cumplir los tiempos y obtener una mayor financiación para las estructuras de personal de las autonomías.
Comunidades socialistas han respaldado el nuevo modelo como la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, Victoria Broto, quien ha defendido que este tema no se plantee como una confrontación política, porque lo fundamental es pensar en los servicios sociales y entidades del tercer sector que esperan los fondos para dar respuesta a los ciudadanos.
A esta opinión se ha sumado la consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias, Pilar Valera, que ha dicho que nunca defenderá que cada autonomía gestione aquello que recaude porque "eso es un principio de insolidaridad".
La consejera andaluza María José Sánchez Rubio ha elogiado el compromiso del Ejecutivo en materia de política social y con la situación de Andalucía tras la crisis económica y ha anunciado el aumento de las cuantías que va a recibir la comunidad, 41,5 millones, respecto al año anterior que fue de 39 millones.
