Una vez que el Gobierno ha establecido, previa consulta a Bruselas, que el objetivo global de déficit para las autonomías en el 2013 será el 1,2% del PIB (y no el 0,7% previsto), está por ver cómo se ajusta esa cifra entre las comunidades, puesto que el equipo de Mariano Rajoy ha dado su visto bueno a hacer un reparto asimétrico para, en principio, ofrecer un techo menos rígido a los territorios que tienen mayores dificultades económicas. La polémica está en establecer a quién o quiénes se le permite beber más de lo previsto y, sobre todo, quién se ocupa de pagar la ronda extra. El Ejecutivo central empieza a hacerse a la idea de que deberá ser él el que corra con los gastos.
No es esta una decisión fácil para el Gobierno del PP ni, a tenor de lo oído y leído hasta ahora, una cuestión digerible para los gobiernos autonómicos --mayoritariamente populares-- que sí han logrado cuadrar sus cuentas el año pasado. Ya se habla sin tapujos de discriminación y trato de favor a los catalanes, pese a que lo previsto por Hacienda es favorecer a un puñado de comunidades en situación de asfixia económica.
DOS BANDOS La tormenta política que se oye a los lejos amenaza con descargar la ira de los propios conservadores sobre el tejado de Rajoy. Aunque algunas comunidades permanecen, de momento, en territorio neutral, ya existen dos bandos claros: el de las defensoras de que el déficit sea igual para todos (donde están Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Madrid) y el de las que apuestan su futuro a beneficiarse de objetivos más permisivos (grupo en el que militan Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares y Canarias). Andalucía defiende la asimetría siempre que se rija por un criterio único, como la población, en vez del PIB, mientras que Extremadura se manifiesta contraria al reparto desigual pero reclama que, si finalmente se hace, se elija un criterio a la extremeña que consiste en tomar como base de cálculo el presupuesto autonómico. Galicia, por su lado, se muestra dispuesta a comulgar con una nueva fórmula si se premia a las cumplidoras.
Con este panorama, ¿existe alguna vía de consenso que pueda transitar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para evitar una guerra de agravios? Pues, según las fuentes consultadas por este diario, parece que sí: aceptar que sea el Estado el que pague la ronda extraordinaria que se ofrecerá a las autonomías con más problemas, evitando que para que algunas racionalicen sus cuentas otras tengan que apretarse todavía más el cinturón.
LA PALABRA DE RAJOY La decisión definitiva tardará unos días en llegar. El debate se encuentra aún en fase técnica y se ha de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hacer públicos los nuevos criterios. Como casi siempre, será Rajoy el que tenga la última palabra en un tema tan peliagudo. No obstante, fuentes del Gobierno y del PP creen que el Ejecutivo baraja la posibilidad de hacerse cargo "de todo o casi todo" el déficit adicional que se otorgue a determinadas comunidades, a fin de evitar una "guerra entre territorios" coincidiendo con el proyecto soberanista en Cataluña. Además, conviene no olvidar que los barones regionales del PP tendrán que someterse a las urnas antes que Rajoy.
Las fuentes citadas han calculado los costes de varios escenarios. Entre otros, han simulado uno en el que Montoro anuncie a las autonomías con más problemas que se les acepta un déficit del 1,8%, mientras que el resto ha de cumplir el 1,2% aprobado recientemente en el Consejo de Ministros. El sobrecoste de la operación supondría al Estado (si Rajoy acepta esta opción) el 0,23% del PIB, en torno a 2.300 millones de euros, "una cifra muy asumible" según las voces consultadas. Cabe recordar que con el paso del 4,5% al 6,3% de déficit autootorgado por el Gobierno de Rajoy, el Estado se evita un recorte de 18.000 millones para dejarlo en 3.000, de los que 1.000, según dijo el presidente el domingo, está previsto enjuagarlos con nuevos ingresos. Sea cual sea la fórmula adoptada por el Ejecutivo para imponer el déficit asimétrico, lo que dan por hecho algunos de los interesados es que la desigualdad se permitirá únicamente en el 2013.
