La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha anunciado este viernes que recurrirá en el plazo de cinco días la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a adoptar medidas para que nueve alumnos de seis familias reciban una enseñanza en catalán y castellano en partes iguales. En una atención a los medios, ha defendido que no existe "riesgo de daño" con la inmersión lingüística actual como para adoptar medidas cautelares en favor de las seis familias.
"No es fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar en catalán", ha remachado Rigau al criticar la reforma educativa que plantea el Gobierno central, y ha celebrado que el alto tribunal haya denegado la petición inicial de las mismas familias de extender el citado modelo bilingüe al resto de la clase de alumnos afectados.
