Es mejor prevenir que curar. El Abogado del Estado denunció ayer que la actual composición de la sala del Tribunal Supremo que ejecuta la ley de partidos es irregular. Por ello, solicita que se subsanen esos defectos para que sus decisiones no sean "jurídicamente atacables".

La llamada sala del 61, que preside Francisco José Hernando, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está integrada por los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada sala. Este tribunal se encarga de aplicar la ley de partidos y hasta la fecha ha ilegalizado a Batasuna y ha evitado que esta formación se presente bajo otros nombres en procesos electorales.

El papel de esta sala especial es de vital trascendencia. Sobre todo, volverá a ser protagonista en las elecciones municipales y autonómicas de mayo si Batasuna no presenta un nuevo partido que cumpla la ley.

ACTUAR CONTRA BATASUNA Por ello, su composición es importante. En estos momentos, el juez más moderno que asiste tras ser nombrado juez de lo civil es el conservador Antonio Salas. Este promovió en la última reunión de esta sala la remisión a la fiscalía de un escrito del Foro Ermua en el que se pedía que se actuara penalmente contra Batasuna y su líder Arnaldo Otegi. Los jueces le dieron la razón, pero se negaron a admitir ese escrito por entender que en este proceso solo pueden intervenir el fiscal y el Abogado del Estado.

Por contra, los servicios jurídicos del Estado consideran que ese puesto corresponde a la catedrática Encarnación Roca, que tomó posesión como jueza de lo civil, el mismo día que Salas. Esta jueza progresista, a juicio del Abogado del Estado, debe figurar en el último puesto del escalafón de jueces del Supremo.

Por ello, el Abogado del Estado pide que la sala cambie de oficio su composición y le advierte que si no lo hace sus decisiones "quedarían viciadas y serían jurídicamente atacables con graves consecuencias" por la materia que resuelve la normativa: la presentación o no de partidos políticos a unas elecciones.