Pocas horas después de que el Congreso diera luz verde a la tramitación del Estatut, ayer el Gobierno decidió retomar los contactos con las cuatro fuerzas catalanas --CiU, PSC, ERC e ICV-- que promovieron el texto en el Parlamento autonómico para abrir la negociación de las enmiendas. Para empezar, Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y negociador del Estatut por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió ayer con Joan Ridao (ERC), y a partir de la próxima semana se citará con el resto de los representantes del cuatripartito catalán.
Convencido de que el compromiso de consenso estatutario sellado por el Congreso "es irreversible", el Gobierno quiere alcanzar a finales de año, cuando expire el plazo de enmiendas, un "acuerdo de mínimos" con las fuerzas catalanas sobre los cambios que planteará cada grupo. El reto, conjurar el riesgo de disenso cuando el Estatut llegue a la ponencia mixta del Congreso.
Caamaño y Ridao debatieron, entre otros temas, la reforma de leyes orgánicas. El primero pidió que el Parlamento catalán renuncie a llevar al Congreso estos textos articulados hasta que el Gobierno pergeñe una contraoferta, que podría incluir el compromiso de abordar estas reformas de forma autónoma.
