El Ejecutivo ha adjudicado a dedo una campaña publicitaria por importe de 7,21 millones de euros (1.200 millones de pesetas) a la agencia Carat España, presidida por el exportavoz gubernamental Miguel Angel Rodríguez. El Ministerio de Trabajo contrató con la firma del antiguo colaborador del presidente José María Aznar, sin concurso público, la campaña sobre la revalorización de las pensiones, con numerosas inserciones en prensa, radio y televisión, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, destapó ayer esta adjudicación a dedo y anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunta vulneración de la ley de contratos de las administraciones públicas.

SIN MOTIVOS

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, adscrito al Ministerio de Trabajo adjudicó la campaña Dicho y hecho a la sociedad que preside Rodríguez a través del procedimiento "negociado sin publicidad". Llamazares denunció que no concurrían las circunstancias para usar ese método, pues el importe del contrato era demasiado elevado y mo mediaban razones de urgencia.

Por eso el líder de IU anunció que exigirá que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, comparezca en el Congreso, petición a la que se sumó el PSOE. "Estamos ante un caso indicativo de lo que va a ser la campaña sucia del PP" cara a las elecciones de mayo, dijo Llamazares.

Consultado por este diario, el jefe del servicio de contrataciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Luis Gutiérrez, aseguró que "el expediente se ha tramitado de acuerdo con la ley", sin dar más detalles. El firmante de la adjudicación, Javier Aragón Rodríguez, se negó a dar explicaciones: "No hay nada que aclarar ni de qué informar".

Zaplana dijo tras el Consejo de Ministros que Trabajo "ha actuado con pulcritud" y conforme a la ley, que cuando se recurre al procedimiento negociado sin publicidad obliga a pedir al menos tres ofertas a otras tantas firmas. Esta vez se contactó con seis empresas, a las que se pidió que presentaran sus ofertas en tiempo récord: cinco días. La presentación de las cinco propuestas --una firma desistió-- y la adjudicación a Carat se produjeron el mismo día, el 13 de enero, sólo 48 horas antes del inicio de la Zaplana atribuyó la denuncia de Llamazares al "desconocimiento total y absoluto de la legislación administrativa y de los mecanismos de contratación", y negó que haya habido "decisiones discrecionales a favor o en contra de ninguna empresa, la dirija quien la dirija".

Fuentes del sector publicitario consultadas por este diario manifestaron ayer su malestar por la política de contratos del Gobierno. Según algunos directivos, que prefirieron guardar el anonimato, el Ejecutivo está premiando a empresas afines al PP.