El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo que ordena la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y da a la familia un plazo de 15 días para que señale un nuevo lugar de reinhumación que no podrá ser a la cripta de la catedral de La Almudena, donde la familia Franco posee sepulturas a perpetuidad.
El Gobierno se reserva la decisión del nuevo lugar de enterramiento de los restos del dictador si la familia no contesta en el plazo que le han dado, restringiendo esta vez como "parte interesada" solo a los descendientes del dictador.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha presentado la decisión como "responsabilidad histórica de este Ejecutivo" y como una "deuda con la historia" que marcará a "los españoles del futuro".
Delgado ha basado la decisión de vetar a la catedral de La Almudena en la necesidad de "no convertir un lugar público en un lugar de exaltación del dictador". Durante la fase de adquisición de licencias y trámites administrativos, Justicia ha manejado un informe de la Delegación del Gobierno para argumentar qué razones de seguridad y de orden público impiden llevar los restos de Franco al céntrico templo madriñeño.
La familia Franco ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo esta decisión comunicada hoy, solicitando una suspensión cautelar. Las leyes en materia de procedimiento contencioso administrativo dan dos meses al abogado de los Franco para presentar su recurso, pero el propio letrado no descarta no agotar el plazo.
La titular de Justicia, Dolores Delgado, ha tildado de "verdadero obstáculo" las demandas y recusaciones presentadas por las partes interesadas, sobre todo la familia Franco, pero considerándolas "normales en este proceso". Dolores cree que este proceso administrativo para la exhumación del dictador es "una cuestión de memoria democrática", que mana de "una decisión de Estado", y que ha necesitado de la "escrupulosidad del procedimiento".
