La batalla en torno a la liberalización comercial en marcha tiene visos de convertirse, por mor de la irreductible posición del Gobierno, en una guerra de los híper en la que el Ejecutivo tendrá enfrente a la práctica totalidad de las comunidades autónomas. La última reunión negociadora entre el Ministerio de Industria y las autonomías, celebrada el lunes en Madrid, concluyó sin ningún acuerdo, pero con un anuncio: el próximo viernes, el titular de Industria, Miguel Sebastián, llevará al Consejo de Ministros la reforma de la ley de ordenación del comercio minorista. Una normativa con la que, en opinión de las autonomías, el Estado vulnera sus competencias en beneficio de las grandes superficies comerciales.
El director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Angel Allué, citó en Madrid a sus homólogos autonómicos, por segunda vez en dos semanas, para limar asperezas sobre una iniciativa que tiene más que inquieto al pequeño y mediano comercio, convencido de que, en el caso de aprobarse tal como está redactado el presente borrador, esta ley supondrá dar "barra libre" para la proliferación de grandes superficies comerciales en toda España. Todo ello, con el consiguiente impacto para el comercio tradicional.
Tras haber analizado a fondo el borrador legal, del que disponen desde hace unas semanas, 16 de los 17 representantes autonómicos --solo la Comunidad de Madrid secundó los planes liberalizadores del Gobierno-- expresaron su rechazo a una ley que dejará a las comunidades sin margen de maniobra alguna para amoldar la oferta comercial a la densidad de cada municipio. Esto es, para impedir que se abra un híper de hasta 2.500 metros cuadrados en un municipio de apenas un millar de habitantes. Las comunidades, por su parte, también han censurado que el Ejecutivo se escude en una directiva de la Unión Europea para centralizar competencias que ya pertenecían a las autonomías.
