El Gobierno adoptará "de inmediato" medidas para reforzar el control de aviones civiles que sobrevuelen o hagan escala en territorio español. El ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, anunció ayer la iniciativa en el curso del debate parlamentario sobre el escándalo que ha provocado el paso por aeropuertos españoles de aeronaves supuestamente contratadas por la CIA en las que se habrían transportado presos islamistas.

Moratinos afirmó que el Ejecutivo ha obtenido la "garantía" de Estados Unidos de que ningún vuelo infringió la ley española ni se usó para llevar detenidos de modo clandestino.

El jefe de la diplomacia desveló una lista de 24 aviones civiles de matrícula estadounidense que han repostado desde el 26 de junio del 2003 en aeropuertos de Baleares y Canarias con rutas bastante llamativas, incluido un vuelo de Guantánamo a Bucarest que hizo escala en Los Rodeos (Santa Cruz de Tenerife) el 12 de abril del 2004, bajo el Gobierno en funciones de José María Aznar. En Guantánamo (Cuba) se halla la prisión de alta seguridad donde EEUU mantiene recluidos a presuntos terroristas islamistas fuera de toda jurisdicción internacional.

EL AMIGO LIBIO La mayoría de los vuelos --17 en total-- han tenido lugar bajo mandato socialista. Entre ellos destacan cuatro viajes entre Washington y Rabat y cinco que tuvieron por origen o destino a Libia, gobernada por el otrora enemigo público número uno y hoy colaborador Moammar Gadafi. Dos de estos vuelos partieron y volvieron a territorio libio tras hacer escala en Son San Joan (Palma).

Moratinos incurrió en alguna imprecisión al explicar el papel de las autoridades españolas en la inspección de esos vuelos. Primero admitió que no se realizaron controles "porque no había sospecha".

Pero en otro momento de la comparecencia insinuó que la Guardia Civil hizo algunas tareas de supervisión al señalar que los agentes de la Benemérita no hallaron nada irregular en las naves.

El ministro afirmó que el Gobierno ha actuado con especial transparencia y absoluta firmeza ante los hechos. Alegó que España es "de los pocos países que han pedido explicaciones a las autoridades norteamericanas" e iniciado una investigación judicial a través de la Fiscalía.

NAVES "DELICTIVAS" Todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de no dar carpetazo al asunto y de que España no ceda en el cumplimiento de los derechos humanos. Gustavo de Arístegui, del Partido Popular, afirmó que la "sospecha" existente sobre los vuelos "pone en entredicho la legitimidad en la lucha contra el terrorismo".

Gaspar Llamazares, líder de IU, socio parlamentario del Gobierno, criticó con especial dureza al Ejecutivo y presentó una serie de ejemplos de actividades delictivas --traslados ilícitos de presos para ser torturados-- supuestamente perpetradas por los mismos aviones que hicieron escala en territorio español.