Todos los proyectos legislativos pueden esperar. La prioridad del Gobierno es paliar en lo posible la intensidad de la crisis económica. Por ello, el giro laicista que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega prometió hace meses, y justo después del congreso del PSOE del pasado julio, se está demorando. El proyecto de reforma de la ley orgánica de libertad religiosa no está ultimado y solo se podría enviar al Congreso al final del nuevo periodo de sesiones que se inicia la próxima semana, en junio, o al inicio del siguiente, tras las vacaciones estivales, según fuentes del Ejecutivo.

CLARO MENSAJE El Gobierno lanza, así, un mensaje claro. No pretende abrir nuevos frentes, concentrado ahora en una batalla contra las entidades financieras que consiga, ante la ciudadanía, una mayor credibilidad para hacer frente a la crisis.

Se trata también de apaciguar la relación con la Iglesia y, en concreto, con el Vaticano, el día de hoy, en el que José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega reciben al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, a quien trasladarán la política del Ejecutivo contra el hambre y las prioridades de España para la presidencia de la UE en el 2010.

La decisión de no acelerar la reforma de la ley orgánica de libertad religiosa llega también en un momento de victoria para el Gobierno. De la Vega ha exhibido la sentencia del Tribunal Supremo de la pasada semana, en la que rechaza la posibilidad de objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre un conjunto de medidas, entre las que figuran el impulso de "un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal". Uno de los proyectos más polémicos es la regulación sobre el aborto.