España era el único país occidental que, tras sufrir en su territorio un atentado de Al Qaeda, no había modificado las leyes para luchar contra esa nueva amenaza terrorista. Hasta ahora. El nuevo Código Penal, elaborado por el Gobierno y aprobado recientemente en el Congreso, endurece sensiblemente la legislación española sobre ese tipo de delitos. Los cambios, que se definen en el preámbulo del texto como "una profunda reordenación y clarificación de las conductas terroristas", van orientados a que una maquinaria legal pensada para luchar contra una organización terrorista jerarquizada como es ETA se adecúe para poder castigar las acciones de un terrorismo mucho más atomizado y difuso, que además tiene en internet uno de sus principales instrumentos de captación y adoctrinamiento.
El nuevo Código Penal establece que las acciones terroristas que hayan causado al menos un muerto no prescribirán. Ade- más, a todas aquellas personas condenadas por delitos de terrorismo se les podrá aplicar la libertad vigilada una vez fuera de prisión. Pero eso no es todo.
Hasta ahora, en España se castigaba la pertenencia a una "organización terrorista", expresión por la que solo se entendía una estructura organizada. Eso dificultaba el combate contra el terrorismo islamista, pues muchos extremistas actúan en el seno de pequeñas células cuya vinculación con organizaciones mayores es tenue. Al concepto de organización se suma ahora el de grupo, que puede ser mucho más reducido e independiente.
Además la ley cuenta con nuevos mecanismos penales para castigar las actividades que realizan en España las células relacionadas con el terrorismo islámico, sobre todo la financiación y el adoctrinamiento. Uno de los cambios más demandados era la creación de un delito de financiación del terrorismo para quienes recauden fondos para cometer atentados o que se envíen a organizaciones terroristas. Ahora, ese delito está castigado con prisión de cinco a 10 años y que pueden ser incluso mayores en el caso de que con el dinero se haya cometido un atentado.
La otra gran innovación es la inclusión de penas de cinco a 10 años para quienes que lleven a cabo "cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista". Esa medida está pensada para combatir el uso de internet para captar a nuevos miembros, radicalizarlos y entrenarlos.
