El Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar más casos como el de Rafael Tirado, al que no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés solo le ha supuesto una multa de 1.500 euros.
Así lo ha anunciado hoy el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que al saber que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado suspender a Tirado ha dicho: "El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse".
Recurso ante el Supremo
Bermejo ha añadido que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con la decisión del CGPJ de mantener la multa a Tirado, "que es enormemente escasa" y ha subrayado que está "plenamente de acuerdo" con los vocales que han disentido de la misma.
Además, ha apoyado la decisión de la fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo para que la conducta del magistrado de Sevilla sea calificada como una falta "muy grave" al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.
Condena económica
La reforma del régimen disciplinario de los jueces, que exige imponer una sanción que no sea meramente económica, ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente a raíz de lo acontecido tras el llamado caso Mari Luz.
Así, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue castigada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por los mismos hechos que se atribuyen al magistrado, ya que el régimen sancionador del colectivo al que pertenece es distinto y, además, la decisión depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ.
Falta muy grave
El problema está en que entre la sanción de la falta grave y la de la muy grave hay un gran salto", reconoció el portavoz del anterior Consejo, Enrique López, tras la primera decisión de este órgano de multar al magistrado.
López admitió que el caso Mari Luz ponía de manifiesto "la necesidad de llevar a cabo una reforma del régimen disciplinario de los jueces y acomodar los tipos a las circunstancias".
