La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó hoy la detención de 23 dirigentes de Batasuna por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el funcionamiento normal de las instituciones y, en este caso, de la Justicia. Así se pronunció la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que reiteró en varias ocasiones que en España el Estado de Derecho funciona, y esas detenciones responden al funcionamiento normal de las instituciones democráticas y de la Justicia, que actúa conforme al principio de legalidad.
Fernández de la Vega, que no quiso entrar a valorar las declaraciones del consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, quién ha denunciado la existencia de "oportunidad política" detrás de los arrestos, reiteró que "no hay que buscar argumentos" y que el Ejecutivo se limita a constatar que las instituciones funcionan con normalidad.
Respecto a un posible atentado de ETA en respuesta a esa operación policial, De la Vega insistió en que el Gobierno y las fuerzas de seguridad siempre están trabajando y en situación de combatir cualquier atentado que pudiera cometer la organización terrorista. Defendió la eficacia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra ETA, aunque también advirtió que la banda armada "siempre esta dispuesta a organizar un atentado", por lo que no es un tema sobre el que se pueda especular.
Preguntada por la posibilidad de que, ante el avance del cerco a la izquierda abertzale, el Ejecutivo pueda instar la ilegalización de ANV y PCTV, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno estará "vigilante y permanentemente atento a cualquier actuación que se pudiera producir al margen de la legalidad". Según Fernández de la Vega, en el caso de que se detecte alguna ilegalidad se actuará, siempre que "la Fiscalía considere que hay elementos suficientes para ejercer actuaciones".
