El Gobierno confía en que el Congreso de los Diputados apruebe por el 94% de los votos (PP, PSOE, CiU, CC y parte del Grupo Mixto) el endurecimiento de las penas y de los beneficios penitenciarios a los terroristas y a los autores de crímenes especialmente graves, que ayer aprobó en Consejo de Ministros. A última hora se desconocía la literalidad de la reforma, cuyo texto estaba pendiente de una última revisión del ministro de Justicia, José María Michavila.

MANDATO A LOS JUECES

La reforma eleva de 30 a 40 años el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión para los terroristas y los autores de delitos muy graves, como violación con asesinato, secuestro y muerte de niños, y otros crímenes especialmente horrendos. Para hacer efectivo el cumplimiento de los 40 años, el ministro Michavila dejó claro el "mandato imperativo" a los jueces para que en el futuro descuenten los beneficios penitenciarios sobre el total de las condenas y no del límite máximo de prisión como ocurre ahora, permitiendo a los terroristas salir a la calle al cumplir un "promedio del 40% de las penas".

Para el Gobierno, esta reforma es "un instrumento decisivo para acabar con el terrorismo" y prosigue la línea emprendida por el Ejecutivo, con el apoyo del principal partido de la oposición, de cerrar todos los espacios de impunidad a los terroristas y sus cómplices. Michavila mencionó los buenos resultados de la elevación de penas contra la violencia callejera, la ilegalización de Batasuna y la supresión del santuario francés para los etarras. Dijo que las nuevas modificaciones tratan de conseguir que después del esfuerzo policial y judicial para detener y juzgar a los terroristas, éstos cumplan las penas.

En ese sentido, el ministro no dudó de que tendrá el apoyo de las principales fuerzas parlamentarias y llegó a anticipar un respaldo de 327 diputados, el 94% de la Cámara baja. En todo caso, las medidas deberán ser dictaminadas por el Consejo General del Poder Judicial, el de Estado y la Fiscalía del Estado. Michavila no dudó de su "plena constitucionalidad" y asumió que durante enero no hay inconveniente en seguir dialogando con el PSOE y CiU para alcanzar un acuerdo pleno. El principal punto de discrepancia es el endurecimiento de las condiciones de reinserción.

La reforma cierra la reinserción a los terroristas que no se acojan al "arrepentimiento activo", lo que supone convertirse en delatores, según la resolución de la UE aprobada el 13 de junio en Sevilla. Michavila confió ayer en que los socialistas no rechacen "lo asumido por los 15 países de la UE" y levanten sus reticencias a una medida que se corresponde, dijo, con "una democracia madura y sin complejos".

En la ronda informativa, el ministro de Justicia no ha encontrado reticencias a la decisión de que el patrimonio presente y futuro de los terroristas condenados quede vinculado a la indemnización de las víctimas.

MEDIDA JUSTIFICADA

Michavila, que recordó que la Corte Penal Internacional fija cadena perpetua para los crímenes ahora castigados con 40 años, señaló que "la sola pérdida de una vida humana a manos de un reincidente ya justifica el endurecimiento de las penas y de las vías de reinserción". De hecho, el presidente Aznar activó la reforma tras la muerte, el 17 de diciembre, en Villalba (Madrid), del guardia civil Antonio Molina por disparos del etarra Jesús María Etxebarria Garaikoetxea, quien quedó en libertad tras cumplir 13 años de una condena de 36.

El Gobierno también satisface la petición del Poder Judicial de que los recursos de los fiscales contra el tercer grado sean suspensivos. Y en casos como el de Roldán, propone no acceder a la semilibertad hasta que no se haya devuelto lo robado.