El Gobierno estudia contratar a un abogado en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada en ese país contra el juez Pablo Llarena, instructor en la causa que investiga el proceso sescesionista, por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont,y los exconsejeros huidos. La decisión se produce un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgara amparo al magistrado del Tribunal Supremo. El organismo pidió a los ministerios de Justicia y Exteriores acciones para «asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española».
«Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país, pero aún se está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado. Todavía no está decidido», señalan fuentes del Gobierno.
Sería el letrado quien se encargaría de acudir al tribunal belga el próximo 4 de septiembre, día en el que el juez está citado a comparecer. En la demanda, Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas argumentan que Llarena «prejuzgó» los hechos que instruye al declarar, durante una conferencia en Oviedo, que los políticos encarcelados «no son prisioneros políticos».
La contratación de un abogado en un país extranjero por parte del Gobierno es una posibilidad recogida en el reglamento de la Abogacía del Estado, si bien se utiliza en escasas ocasiones.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó el jueves su amparo al magistrado Pablo Llarena tras la petición realizada por el juez, instructor en el Tribunal Supremo de la causa del procés independentista en Cataluña, Pablo Llarena, que ha sido citado el 4 de septiembre por un juez belga. Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros acusan al juez español ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
Llarena, que pese a haber sufrido ataques en su residencia en Cataluña por parte de independentistas hasta el momento no se había dirigido al CGPJ en demanda de ningún amparo, sí lo hace frente a la citación del juez belga, al considerar que es un ataque a su independencia judicial.
