El Gobierno estudia la posibilidad de introducir un impuesto ecológico para frenar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el transporte, según adelantó ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, al concluir el Consejo informal de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE). La medida podría incluirse en el proyecto de ley para una economía sostenible, como "incentivo negativo" al transporte más contaminante, precisó.

La vicepresidenta indicó que la ley para una economía sostenible "no está pensada para imponer nuevos impuestos", sino para "establecer incentivos hacia una producción económica más sostenible en términos medioambientales" con la prioridad en "el transporte sostenible y la eficiencia energética". No obstante, Salgado admitió que el proyecto podría incorporar algún tipo de "incentivo negativo" al transporte. El Gobierno tiene previsto aprobar ese proyecto el próximo 16 de octubre.

Salgado destacó que las primas a la producción de energía renovable son otro mecanismo para promover una economía sostenible, aunque reconoció que este sistema acaba también repercutiendo en el precio final que pagan los consumidores. A pesar de que estas primas a la energía renovable actúan de facto como una tasa ecológica, la imposición de una tasa directa de CO2 sobre la electricidad "debe examinarse con cuidado", añadió la vicepresidenta.

El comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, defendió introducir una tasa sobre el CO2 a nivel europeo durante la reunión ministerial para mejorar la eficacia energética de la UE. Kovacs explicó que el sistema de comercio de las emisiones de CO2 industriales solo cubre el 45% de las emisiones totales de gases responsables del cambio climático, por lo que es indispensable una tasa ecológica que cubra las emisiones del transporte, los hogares y los edificios.

La Comisión Europea estimó que la acogida a esta propuesta había sido "positiva" en el primer debate político a nivel de ministros sobre esta cuestión. La presidencia sueca de la UE, que ya aplica a nivel nacional un impuesto de este tipo, respaldó la iniciativa, pero reconoció que, como la adopción de la medida requiere la unanimidad de los 27 estados miembros, requerirá largos meses de negociación.

ARMONIZACION Salgado abogó por adoptar este tipo de medidas en la UE, para no introducir distorsiones en el funcionamiento del mercado común o ventajas comparativas a los países que no apliquen esa tasa. La vicepresidenta se mostró contraria a una subida inmediata de los impuestos especiales mínimos sobre los carburantes, porque en la actual situación de crisis hay que ser "extraordinariamente prudentes" y España ya elevó hace pocos meses esos impuestos.