El Gobierno, que ha celebrado su primera reunión de Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, ha evitado valorar la destrucción por parte del PP de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas y no ha querido concretar si se prepara algún cambio en el Ejecutivo.
El caso Bárcenas, la intervención en Siria y el contencioso de Gibraltar han centrado la atención del Consejo, que ha aprobado el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, en el que se propone sanciones contra las gasolineras flotantes como las que funcionan en el Estrecho de Gibraltar y pide controles para el "fracking".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión, ha recordado que el caso Bárcenas está inmerso en un procedimiento judicial que "el Gobierno tiene que respetar" y, por tanto, "no puede entrar a valorar".
Ha añadido que como Gobierno tampoco puede entrar a valorar las decisiones de los partidos "actuando como empresas", sea la fuerza política que sustenta al Ejecutivo o cualquier otra.
También ha respondido "en eso no estamos" a los rumores que apuntan a una primera remodelación del gabinete que preside Mariano Rajoy.
En todo caso, ha dicho la vicepresidente, la decisión "es de quien es" y ha asegurado que ningún ministro le ha comentado inquietud alguna al respecto ni ella ha abordado esa posibilidad con nadie.
Sobre el contencioso con Gibraltar, la vicepresidenta ha asegurado que la relación con el Reino Unido es buena y que se mantiene en un clima de colaboración y diálogo, con independencia del conflicto del Peñón.
Tras remarcar que ambos países son socios, ha indicado que el Gobierno español quiere "mantener y preservar un dialogo en todas las cuestiones que nos afectan".
Respecto a la crisis en Siria, ha afirmado que España está a la espera de conocer el informe de los inspectores de Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas y los acuerdos de la comunidad internacional para tomar una decisión sobre la intervención.
Tras manifestar la gran preocupación del Gobierno por el uso de armas químicas, ha revelado que estos días el Ejecutivo mantiene un diálogo permanente con los aliados, tanto a nivel bilateral como en el seno de los organismos internacionales, el último con la OTAN.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que ha enviado a las Cortes para su aprobación con carácter de urgencia, en el que propone sanciones contra las gasolineras flotantes como las que funcionan en el Estrecho de Gibraltar y pide controles para el "fracking".
La nueva norma modifica la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para prohibir y sancionar las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos y aquellos incluidos en la Red Natura 2000, la máxima figura de conservación natural de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada una de las comunidades autónomas de régimen común para 2013, así como para el período 2014-2016.
También en el ámbito económico ha acordado el nombramiento del hasta ahora consejero del Banco de España José María Marín Quemada como presidente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aúna en uno sólo todos los organismos reguladores y que empezará a funcionar en octubre.
