Sin apartarse del guión, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó la detención de la mesa nacional de Batasuna en el normal funcionamiento de las instituciones, en este caso de la justicia. No quiso ir más allá. La prueba es que, preguntada por si la decisión del juez Garzón puede ser un primer paso hacia la ilegalización de ANV, De la Vega se limitó a asegurar que "se actuará cuando la fiscalía considere que existen elementos suficientes". Respondía también así a la petición del PP para que se declare ilegal tanto a ANV como al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), ambas fuerzas con representación en el Parlamento vasco y en distintos ayuntamientos del País Vasco.
Mientras el Gobierno optó de nuevo por mantener una calculada prudencia, los populares no dejaron pasar la ocasión para reprocharle al presidente Zapatero su frustrado plan de paz. De ahí que el secretario general del PP, Angel Acebes, remarcase ayer que estas detenciones demuestran que los dirigentes aberzales "no son hombres de paz como dijeron el PSOE y Zapatero", sino que son inculpados "por ser terroristas".
