El Gobierno exhibe optimismo por la decisión adoptada el sábado en el seno del Tribunal Constitucional, lo que considera una victoria frente al independentismo. El Alto Tribunal aceptó decretar una serie de medidas cautelares para evitar la investidura a distancia o sin autorización judicial de Carles Puigdemont, pese a aplazar diez días la decisión de si admite o no a trámite la impugnación gubernamental. El presidente Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, arriesgaron mucho como principales avales de un recurso en el Alto Tribunal que horas antes no había pasado el examen en el Consejo de Estado y, efectivamente, se hicieron con la batalla, pero saben que la guerra jurídica puede no haber terminado.

El TC debe aún decidir si tramita o no la polémica impugnación gubernamental. Si este martes la investidura no es para Puigdemont y sí para otro candidato o candidata que logra la mayoría, el Ejecutivo podrá respirar tranquilo a ese respecto e incluso, si lo desea, pedir el desistimiento de su propio recurso antes de que se decida sobre él, a fin de evitar sorpresas. Pero si la opción de la Mesa del Parlament es aplazar el Pleno previsto hasta que el Constitucional se pronuncie, pueden volver los nervios para el Ejecutivo, especialmente si no se admite a trámite su impugnación y caen las medidas cautelares ahora vigentes contra el expresident. Tampoco se descarta que pueda intentar buscarse una triquiñuela parlamentaria de última hora para delegar el discurso de Puigdemont, forzando nuevos movimientos por parte de los constitucionalistas o que, directamente, se opte por desobedecer al TC, pese alos riesgos que conlleva para los miembros de la Mesa, principalmente.

RECURSO A EUROPA / Hay juristas que también advierten que la Cámara catalana podría recurrir por la vía de urgencia al Tribunal de Derechos Humanos Europeo (TDHE) directamente, buscando el choque de legitimidades inmediato con el Estado español, o buscar otros atajos judiciales para intentar darle la vuelta a lo logrado por el Ejecutivo central, al menos del momento, en el Constitucional. Será cuestión de horas ver hasta dónde llegan las intenciones de Roger Torrent en este sentido y si da o no un respiro a Rajoy y Santamaría.

Por el momento, el jefe del Gobierno y su vicepresidenta se muestras orgullosos de lo conseguido. Rajoy, en declaraciones a Cope, afirmó este lunes que un político que ha intentado «liquidar la soberanía y la unidad nacional» como Puigdemont no puede ser «presidente de nada». A su entender, el reciente auto dictado por el TC -que dijo le había reconfortado- es «muy claro» y demuestra que derecho y política «responden al sentido común».

«Estén muy tranquilos. Por suerte, en España el derecho, la ley la Constitución y los tribunales funcionan», insistió, comprometiéndose a garantizar la unidad nacional mientras sea presidente ya que, según señaló, es «la prioridad básica» de su cargo.

Por su lado, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se felicitó de que el Alto Tribunal le haya dejado cristalino a Puigdemont cuál es el camino que debe seguir si le da por regresar a suelo español. «Ya le ha dicho el Tribunal Constitucional que tiene que ponerse a disposición judicial, ese es el camino que tiene que seguir, el del Tribunal Supremo». Soraya dijo no sentirse cuestionada por su papel en Cataluña: «En absoluto. En el Gobierno nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir con nuestra obligación. Gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo».