Las policías autonómicas tendrán una función clave en la investigación y el bloqueo de cuentas bancarias, cajas de seguridad y control de capitales y transferencias susceptibles de financiar actividades terroristas. El decreto sobre el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de la Financiación del Terrorismo (CVFT), que se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado y será aprobado por un próximo Consejo de Ministros, sitúa a la Ertzaintza y a los Mossos d´Esquadra al mismo nivel que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Junto a los agentes, actuarán el servicio ejecutivo del Banco de España, la administración tributaria, la tesorería de la Seguridad Social y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La lucha contra la financiación del terrorismo tiene "un valor estratégico" para prevenir nuevos atentados. Así lo ha explicado el ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien desveló el lunes que, en estos momentos, hay 85 investigaciones abiertas. La mitad de ellas las realiza la policía y la otra mitad, la Guardia Civil. Alonso ha evitado concretar cuántas corresponden al terrorismo internacional y cuántas a ETA. "Lo importante es que se está actuando en ese frente", dijo ayer a este diario.
BLOQUEO DE CUENTAS La ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo fue aprobada el 21 de mayo del 2003. Pero desde entonces no había sido desarrollada. El decreto que ahora aprobará el Gobierno pone en marcha la Comisión de Vigilancia, que recibirá apoyo técnico de las policías y organismos mencionados y decidirá el bloqueo de cuentas bancarias, valores, cajas de seguridad y demás instrumentos o medios de pago, incluidos los electrónicos, por un periodo máximo de seis meses.
Las entidades bancarias no sólo están obligadas a comunicar las operaciones sospechosas, sino también a guardar secreto sobre las mismas y a no informar a los usuarios. Se trata de facilitar las pesquisas policiales. Cuando la CVFT ordene el bloqueo, la entidad lo deberá ejecutar de inmediato y tendrá que comunicarlo a la comisión en un plazo máximo de tres días.
DECISION JUDICIAL La prolongación del bloqueo por más de seis meses requerirá autorización judicial. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha propuesto que esa decisión corresponda a la Audiencia.
La CVFT, que estará presidida por el secretario de Interior, Antonio Camacho, e integrada por el fiscal jefe de la Audiencia y por representantes de los ministerios de Economía, Justicia e Interior, actuará en el seno del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Banco de España y podrá autorizar la satisfacción de deudas salariales, tributarias y a la Seguridad Social de las cuentas que hayan sido bloqueadas.
