Antes de que el vicepresidente Pedro Solbes desvele su nueva oferta de financiación autonómica, tras el masivo rechazo que suscitó la presentada en julio, su homóloga María Teresa Fernández de la Vega deslizó ayer un anuncio que se promete polémico: la determinación del Gobierno de fijar en el nuevo sistema el tramo de los recursos públicos que las autonomías forzosamente deberán destinar a la sanidad. Más que como una propuesta sujeta a negociación, la portavoz del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó la idea como una decisión ya tomada: "Cambiaremos la ley".

La revelación surgió a raíz de la pugna que mantienen los gobiernos central y madrileño, este último presidido por la popular Esperanza Aguirre, que culpa al Ministerio de Economía del mal estado de la sanidad autonómica por su negativa a conceder a la comunidad un anticipo a cuenta de la recaudación fiscal del presente año.

BOMBA INFORMATIVA Entrevistada en Los Desayunos de TVE, De la Vega denunció que gobiernos autonómicos como el madrileño o el valenciano "invierten menos en la sanidad, la gestionan peor y la privatizan". "Que no intenten tapar su mala gestión, su falta de inversión y su modelo de privatización echándole la culpa al Ejecutivo", advirtió, tras recordar que la sanitaria es una "competencia exclusiva" de las comunidades autónomas.

A renglón seguido, la vicepresidenta soltó la bomba informativa: "Somos partidarios de vincular determinados gastos a la prestación de algunos servicios básicos. Ya lo propusimos en la conferencia de presidentes del 2005, pero hubo autonomías que se negaron y no pudimos hacerlo porque había que cambiar la ley. Ahora la cambiaremos para que la financiación sanitaria sea finalista". Y denunció que algunas comunidades han gastado en otros fines los casi 9.000 millones de ayuda extra para la sanidad otorgada por el Estado. Fuentes oficiales apuntaron que la financiación de la educación podría ser finalista, con lo que quedarían condicionado el 80% de los recursos que gestionan las comunidades autónomas.

EL PACTO PP-CiU Hasta el 2001, cuando solo Cataluña y otras cuatro comunidades de régimen común gestionaban los servicios de salud, la financiación autonómica y la sanitaria discurrían por sendas distintas: el Estado transfería a las comunidades unos fondos que, con carácter "finalista", solo podían destinar a la sanidad. Fue entonces cuando, al pactar con CiU el modelo financiero actual, el Gobierno del Partido Popular impuso a las otras diez comunidades --salvo Euskadi y Navarra, con regímenes forales-- la aceptación del traspaso sanitario si querían obtener un mayor tramo del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. De ese modo, la sanidad se integraba en el modelo de financiación común. El cambio pronto devino un quebradero de cabeza para territorios como Cataluña, donde la llegada masiva de inmigrantes ha disparado la factura sanitaria.

Eso sí, desde la óptica del autogobierno el modelo vigente concede plena libertad a las comunidades para disponer de los recursos financieros que administran: si invierten menos en sanidad y más en infraestructuras u otros proyectos no tienen que rendir cuentas ante al Estado; solo ante los electores. Y ese es el gran talón de Aquiles del plan gubernamental: su acogida en Cataluña, donde el tripartito y CiU aspiran no solo a sanear las finanzas de la Generalitat de Cataluña y a prestar mejores servicios, sino también a ampliar el autogobierno catalán en cumplimiento del Estatuto.