El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, pidió ayer al Tribunal Supremo la impugnación de 249 listas electorales en Euskadi por incorporar en ellas a 1.500 antiguos miembros de Batasuna y a 40 presos de ETA. El Ejecutivo sostiene que esas candidaturas han sido creadas por ETA para mantener su presencia en los ayuntamientos. El alto tribunal, que comienza hoy a estudiar esa petición, deberá resolver antes de medianoche del sábado.

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró ayer que el Gobierno, con esta iniciativa, pretende evitar que ETA intente "burlar el Estado de Derecho y que introduzca sus comandos en las urnas". La demanda del Abogado del Estado explica que la organización terrorista empezó a "reflexionar, debatir y trabajar para evitar los efectos de la ilegalización" desde el momento en que se inició ese proceso. ETA, añade, no quería "prescindir del brazo político de su acción terrorista" y decidió volcarse en la campaña de las elecciones municipales porque los ayuntamientos son las "instituciones que mejor permiten, por su proximidad al ciudadano, extender y profundizar sus objetivos".

MULTIPLICAR EL MIEDO

Según el Abogado del Estado, ETA ha utilizado las instituciones municipales "para multiplicar el miedo generado por el terror, para profundizar en la exclusión de los representantes políticos que se oponen a la violencia y para promover proyectos que favorecen los objetivos terroristas". Por ello, según la demanda, ETA ha diseñado "una estrategia compleja" al fragmentar en "múltiples plataformas creadas ad hoc" su presencia en los comicios.

Esas nuevas formaciones, para el Abogado del Estado, no son más que "una nueva marca para el mismo producto", ya que presenta el mismo ideario, contenido, objetivos, lenguaje y escenificación de los mensajes o métodos de la ilegalizada Batasuna. Además, la demanda señala que las nuevas plataformas y agrupaciones electorales han respondido al plan diseñado por ETA y que ha sido descubierto tras la incautación de varios documentos a personas vinculadas con el entramado terrorista.

El Gobierno ha comprobado que esas listas electorales sólo se presentan en los municipios donde Batasuna tenía representación previa. Por ello, sostiene que esas candidaturas no responden a "ningún florecimiento espontáneo de miles de conciencias políticas que, desvinculadas de ETA, caen simultáneamente en la necesidad de articular o apoyar nuevas formaciones políticas".

20 CANDIDATURAS EXCLUIDAS

El Gobierno considera que "ETA ha controlado ese proceso que ha sido protagonizado cara a la opinión por cargos de Batasuna". La Fiscalía reproduce esos argumentos en su demanda, pero reduce a 243 las candidaturas impugnadas. Más de 20 listas no han sido recurridas por no reunir los requisitos que establece la ley.