Punto final a la confusión entre lo público y lo privado. Adiós a las actividades profesionales como complemento de los exiguos salarios de la Administración. Los altos cargos tendrán un régimen de incompatibilidades más estricto y un mayor control cuando entre en vigor la reforma legal ayer debatida en el Consejo de Ministros. El Gobierno inhabilitará para ocupar cargos públicos a quienes violen este código ético, según anunció ayer Jordi Sevilla, titular de Administraciones Públicas.
El Código para el buen gobierno del Gobierno compila las promesas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la regeneración democrática. Así lo subrayó ayer la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, presidenta en funciones al estar Zapatero de viaje, antes de que Sevilla presentara el borrador de la ley orgánica que el Gobierno enviará en breve al Congreso.
Esta iniciativa acarreará la reforma, entre otras, de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración vigente desde 1995. A los cargos ya afectados --desde el presidente, los ministros y los secretarios de Estado hasta los directores generales-- se sumarán los presidentes, directores y gerentes de órganos reguladores, empresas y fundaciones públicas.
UN SOLO SUELDO El régimen de incompatibilidades de los altos cargos será más riguroso: les exigirá "dedicación exclusiva" a la Administración; les prohibirá compaginar el salario público con cualquier remuneración privada y aceptar "obsequios que puedan condicionar el desempeño de sus funciones"; y ratificará la prescripción, hasta dos años después del cese, de toda actividad privada relacionada con la tarea pública realizada.
Con carácter preventivo, el registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales, hasta ahora privado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mientras estos responsables políticos trabajen en la Administración, depositarán sus inversiones en un "fondo ciego ", sin poder intervenir en su gestión.
En el terreno coercitivo, la ley establecerá "sanciones especiales" para quienes vulneren este código ético, por cuyo cumplimiento velará un Observatorio de Conflictos de Intereses autónomo, pero no independiente del Gobierno.
SIN CONTRATOS PUBLICOS Entre otras medidas, el código prevé divulgar en el BOE el expediente abierto al investigado e imponerle hasta diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La empresa que lo fiche recibirá información sobre las irregularidades cometidas, y el Gobierno no descarta dejarla sin contratos del Estado.
El código incluye también una serie de pautas de conducta a título orientativo. El texto emplaza a los altos cargos a desarrollar sus funciones con "transparencia informativa" y "austeridad". Es decir, les llama a evitar "toda manifestación externa inapropiada u ostentosa" y a no dilapidar los recursos públicos.
DIVERSIDAD LING ISTICA Como reflejo del nuevo talante, el anteproyecto elaborado por Sevilla insta a los responsables de la Administración a proteger "el entorno cultural y la diversidad lingüística"; promover "el respeto a la igualdad de género"; y suprimir tratamientos protocolarios. Sólo se citará el cargo precedido del término Señor o Señora.
Con esta ley, se someterán a audiencia previa en el Congreso los candidatos a ocupar órganos constitucionales y reguladores: Poder Judicial, Fiscalía General, Tribunal Constitucional y Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros.
