Caso cerrado. Para el Gobierno del PSOE, el aplazamiento de la nueva financiación autonómica hasta el 2008, adelantado por el ministro Jordi Sevilla, responde al "sentido común", según manifestó ayer la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega. La portavoz del Ejecutivo rechazó la propuesta de la Generalitat de Cataluña de que el nuevo modelo financiero se apruebe en un año, antes incluso que la propia reforma del Estatuto catalán.
"Primero tendrán que reformarse los estatutos que necesiten reforma, y luego se reformará el sistema de financiación". Así de rotunda se mostró ayer De la Vega al finalizar la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta trazó un calendario muy distinto al esbozado la víspera por el tripartito catalán, que vaticinó que el pacto sobre la financiación sería anterior a la reforma estatutaria.
"Primero las comunidades autónomas y el Gobierno nos tendremos que poner de acuerdo sobre cómo queremos usar el dinero y dónde vamos a destinarlo, y luego se tendrá que establecer cómo se obtiene ese dinero", replicó De la Vega. Lo contrario, alegó, "sería empezar a construir la casa por el tejado".
La portavoz gubernamental se esforzó en zanjar la polémica abierta entre el Ejecutivo de Zapatero y el tripartito catalán después de que Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, anunciara a este diario el aplazamiento del nuevo modelo de financiación hasta el 2008. "No existe discrepancia. Lo que pasa es que en ocasiones las palabras se utilizan de una forma que puede parecer que existe un conflicto, cuando no lo hay, y en esto está todo el mundo de acuerdo", garantizó De la Vega.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Para justificar esta demora, Sevilla ha argumentado que durante esta legislatura se afrontarán reformas legales tan complejas como las de la Constitución y varios estatutos de autonomía, por lo que no habrá tiempo para revisar también el sistema de financiación. Por eso propone debatir antes los criterios y principios que inspirarán el nuevo modelo, sin plasmarlos en cifras hasta el 2008. Pero otras fuentes gubernamentales reconocen que en la decisión han pesado mucho los criterios económicos, y en especial los relacionados con la estabilidad presupuestaria.
Según estas fuentes, el equipo económico del Gobierno socialista, integrado por el vicepresidente Pedro Solbes y el asesor Miguel Sebastián, animó a Zapatero a posponer la nueva financiación por estimar que dar más recursos a las autonomías sería incompatible con dos de sus promesas electorales: el aumento del gasto social y el mantenimiento del déficit cero a lo largo de la legislatura.
