El Gobierno había pasado de puntillas sobre la investigación en Suiza a Juan Carlos I. Centrado en la gestión de la pandemia, intentaba permanecer callado. Cuando se le requerían valoraciones, se limitaba a mostrar cierta incomodidad y tirar balones fuera. Pero todo eso ha cambiado en los últimos días. Ahora, después de que se conociera que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del rey emérito, declaró hace año y medio a la fiscalía del país helvético que los 65 millones de euros que este le transfirió en el 2012 fueron "un regalo" (por "gratitud y amor", porque "todavía tenía la esperanza de recuperarme", dijo), Pedro Sánchez habla a las claras de informaciones "inquietantes y perturbadoras". Defiende la necesidad de cambiar la Constitución para que la inviolabilidad del Monarca se ciña solo a los actos en el ejercicio de su cargo. Y la Moncloa abre la puerta a la posibilidad de que el exjefe del Estado abandone la Zarzuela como residencia oficial, algo que tendría un enorme impacto simbólico.
Pero la decisión, continúan las mismas fuentes, debe tomarla Felipe VI, a quien el Ejecutivo intenta proteger a toda costa para que no se vea arrastrado en todo este escándalo. El Gobierno muestra en privado una honda preocupación por el desgaste institucional que las noticias sobre Juan Carlos I pueden traer consigo, más aún en un momento de grave crisis económica y social, e intenta hacer frente a este riesgo trazando una frontera entre los dos reinados, subrayando la ejemplaridad del hijo y levantando el cerco de protección al padre.
"Felipe VI está haciendo su trabajo institucional de manera absolutamente correcta", dijo este jueves la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Cuestión distinta, continuó, "son situaciones que vienen del pasado". La decisión sobre el futuro de Juan Carlos I, zanjó, "compete fundamentalmente al actual Rey". Es decir, la hipotética salida del exjefe del Estado de la Zarzuela, un traslado que plantea problemas de seguridad, corresponde a Felipe VI. El Gobierno considera que esta es una opción que conviene estudiarse, pero insiste en que no presionará a la Casa Real, que estaba avisada del cambio de tono que se ha producido estos días, según fuentes de la Moncloa.
Informaciones "perturbadoras"
"Es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la sociedad española, de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos. A mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Primero, que hay unos medios de comunicación que no miran hacia otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una Justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras", dijo Sánchez el miércoles. El presidente hacía así referencia a la medida tomada por Felipe VI el pasado 15 de marzo, el mismo día en el que entró en vigor el estado de alarma. Dando por buenas las acusaciones sobre comisiones irregulares cobradas por su padre en la construcción del AVE a la Meca, el Monarca renunció a la herencia y le retiró su asignación.
Horas más tarde de esta comparecencia en la Moncloa, se difundieron unas palabras del jefe del Ejecutivo que apuntaban en una dirección similar. En una entrevista con 'El Diario' e 'Infolibre', Sánchez defendió una reforma de la Constitución para que la inviolabilidad del Monarca solo pueda aplicarse a las actividades en el ejercicio de su cargo, no para presuntos delitos económicos. No era la primera vez que el líder socialista defendía esta posición (ya lo hizo a finales del 2018, meses después de llegar a la Moncloa), pero en este contexto sus palabras vienen a dejar claro que piensa que Juan Carlos I debería poder ser juzgado por el manejo de dinero opaco, algo imposible en el actual marco de la ley fundamental.
Un cambio de este tipo en la Carta Magna, en cualquier caso, no se podría aplicar al exjefe del Estado, por la irretroactividad de las normas sancionadoras. Y exigiría tres cosas: recabar el apoyo de dos tercios del Congreso y el Senado, un referéndum y unos comicios generales para que el nuevo Parlamento lo ratificase. Necesitaría al PP. Y los conservadores, de momento, se limitaron a señalar este jueves que Sánchez estaba abriendo este debate por "electoralismo".
La Zarzuela, mientras tanto, mantuvo un silencio absoluto. "No hacemos pronunciamientos sobre cuestiones que vienen de los distintos poderes del Estado", señalaron fuentes de la Casa Real, informa Pilar Santos.
