El Gobierno decidió ayer no desclasificar ni un solo documento secreto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la matanza del 11-M. Sólo levantó el secreto de nueve informes del Ministerio del Interior y, aunque prometió por escrito enviarlos a la comisión parlamentaria de investigación "en la tarde" de ayer, llegaron al Parlamento a las 20.04 horas, cuando el registro acababa de cerrar. La Moncloa aseguró que los reenviará hoy.

La tardanza en enviar los documentos fue interpretada por el líder de IU-ICV y miembro de la comisión, Gaspar Llamazares --que desde las cuatro de la tarde esperaba los escritos en el Congreso--, como una estratagema de la Moncloa para no eclipsar informativamente el congreso del PSOE. "Han subordinado el Parlamento a un partido político, y eso es inaceptable", dijo.

A PUERTA CERRADA A cambio de no desclasificar los informes del CNI sobre las amenazas de Al Qaeda y la masacre del 11-M, el Gobierno ofreció a la comisión investigadora que examine a puerta cerrada los informes relacionados con ocho peticiones de datos. Y propuso que sea la comisión de secretos oficiales la que vea los informes referidos a otras 19 peticiones.

El Ejecutivo decidió que en ningún caso dará a conocer documentos secretos del CNI procedentes de las redes de espionaje de terceros países. Según la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, "se encuentran protegidos por los convenios bilaterales y por el artículo 11 de la ley del CNI". La comisión investigadora había solicitado informes de los servicios israelís, británicos, norteamericanos y marroquís.

LOS AUTORES Y LA AMENAZA Dos de los nueve informes administrativos y policiales que el Gobierno decidió desclasificar han sido considerados clave para saber si el Gobierno que presidía José María Aznar ocultó la verdad sobre la autoría de la masacre. Se trata de las notas de despacho entre los responsables del Ministerio del Interior y los servicios antiterroristas, que fueron solicitadas por el PSOE, y de los datos que las autoridades españolas remitieron a los cuerpos policiales extranjeros entre el 11 y el 15 de marzo.

Otros dos documentos desclasificados permitirán a la comisión establecer si existió "imprevisión" del Gobierno de Aznar ante la amenaza de Al Qaeda, como denunció el nuevo ministro del Interior, José Antonio Alonso, en mayo pasado. La información remitida se refiere a la evolución de los medios personales y policiales encargados de luchar contra el terrorismo islamista desde los atentados del 11-S a los de Casablanca (Marruecos), en mayo del 2003, y los existentes desde ese ataque al 11-M.

Aunque los servicios de información de la Guardia Civil habían advertido sobre la amenaza de Al Qaeda en cinco notas sucesivas --la última fue emitida el 27 de febrero, ante la celebración de las elecciones generales y andaluzas del 14 de marzo--, el número de agentes destinados a la lucha contra el terrorismo internacional no superaba los 200 agentes. La Guardia Civil sólo contaba con siete intérpretes de árabe y la policía, con seis.

Otro informe policial desclasificado se refiere a los análisis realizados por la Unidad Central de Información Exterior tras el 11-S. El resto alude a la cooperación policial contra el terrorismo islamista, datos de inmigración y testimonios de ciudadanos para confeccionar los retratos robot de los supuestos autores de la masacre.