El Gobierno no desiste en su empeño de reformar el Senado para convertirlo en la cámara territorial que soñaron los constitucionalistas. Y eso a pesar de constatar que para el PP no sólo no es una prioridad, sino que le encuentra serios peligros por si esa reforma constitucional abre la puerta a nuevas demandas nacionalistas.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no avanzó ayer cambio alguno en la actitud del Gobierno, en el sentido de atender la exigencia del PP para pactar entre los dos grandes partidos todas las reformas institucionales, incluidas las de los estatutos de autonomía. Sin embargo, se mostró tan optimista que vaticinó un "pronto acuerdo" para convertir el Senado en una Cámara "a la altura de la España del siglo XXI".
"SENTIDO COMUN" Para conseguir el ineludible acuerdo con el PP --la reforma requiere el respaldo de los dos grupos mayoritarios-- la vicepresidenta confió en que el PP recupere "el sentido común y la racionalidad" y "se avenga a los cambios".
La reforma del Senado es una reivindicación común de todos los grupos de la Cámara alta, a excepción del popular. Reclaman una ponencia que estudie los cambios que en su día proponga el Gobierno, tras ver el informe del Consejo de Estado.
