Después de la tormenta, ayer tocaba hacer balance de situación. El Gobierno adelantó que impugnará ante el Tribunal Constitucional tres de las resoluciones que sacó adelante la mayoría independentista en la turbulenta sesión del jueves en el Parlament, y pidió a Torra que deje claro que no avala la violencia. Y los soberanistas siguieron acusando a Ciudadanos de instigar el enfrentamiento en la Cámara; para ellos, el encarcelamiento de los siete acusados de estar preparando actos «terroristas» no es más que una «provocación» en la que no hay que «caer».
El Gobierno no quiere dar ninguna imagen de titubeo frente a la elevación del pulso independentista, pero al mismo tiempo considera, frente a las reivindicaciones del PP y Cs, que «no se dan las circunstancias» para volver a suspender la autonomía de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución. La ministra portavoz, Isabel Celaá, se mostró ayer contundente, acusando a la cámara autonómica de «atacar la convivencia entre catalanes».
El Gobierno piensa acudir al TC para recurrir los acuerdos más polémicos de la sesión del jueves, todos aprobados con los votos de JxCat, ERC y CUP: el que avala la desobediencia como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés; el que insta a impulsar la amnistía de los presos y la autodeterminación y el que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo subraya que ninguna tiene valor legal, porque no van dirigidas a cambiar el ordenamiento jurídico, a diferencia de las iniciativas del 2017. Pero Celaá dejó claro que la Constitución sirve tanto para «el diálogo» como para la «defensa de nuestros valores».
Insistió ayer en ello también el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien en una visita a Santander, afirmó que el Ejecutivo no tolerará «ninguna actuación ni decisión que rebase el marco constitucional».
APUESTA POR EL DIÁLOGO / A juicio del Gobierno, los partidos independentistas buscan «tensionar la sociedad» ante la sentencia sobre el 1-O. Es decir, aumentar el conflicto, justo cuando el «apoyo a la unilateralidad», remarcó Celaá, ha disminuido entre la población catalana.
«Nuestra propuesta es convivencia, respeto y diálogo dentro de la Constitución frente a quienes quieren recorrer el camino del desorden o incluso la posible violencia», señaló la portavoz, en referencia a las recientes detenciones de varias personas en Cataluña acusadas de terrorismo.
Al igual que hizo el pasado miércoles desde Nueva York el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Celaá exigió al president, Quim Torra, que condene este tipo de comportamientos. «El Gobierno rechaza de plano las declaraciones del presidente de la Generalitat acusando al Estado de perseguir a independentistas por el mero hecho de serlo. Le pedimos que deje claro su respeto a la democracia y a los principios del estado de derecho», señaló la ministra.
Torra se limitó a afirmar que las impugnaciones anunciadas por el Gobierno a los acuerdos del Parlament son «un ataque a la democracia». El president fue acusado por el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, de «poner en tela de juicio» el Estado de Derecho, pero no respondió.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, sí se refirió a la bronca del jueves en el Parlament, cuando varios diputados se encararon durante el pleno parlamentario. «Hace tiempo que hay un partido, Ciudadanos, que está haciendo todo lo posible para crispar y hacer creer que el independentismo es violento», dijo, al tiempo que recomendó no caer en «provocaciones».
