El PP volvió ayer a sembrar desconfianza sobre la actuación de la policía, la fiscalía y, especialmente, el ministro del Interior por sus pesquisas para desentrañar un caso de corrupción que afecta esta vez al Ayuntamiento de Murcia, en manos populares: una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso ayer en marcha una operación contra la corrupción urbanística que, por la noche, se saldaba con al menos ocho personas imputadas, de las cuales tres fueron arrestadas: el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; el abogado y profesor de la universidad murciana, Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce.

Según fuentes de la investigación citadas por distintas agencias, también estarían imputados --entre otros-- el concejal de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberena, y el propietario del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, pese a que ambos, directamente o a través de terceros, decían desconocer esta situación procesal. La investigación gira en torno a los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo y negociación prohibida a funcionarios, a raíz de unos convenios ligados a las licencias para 19.000 viviendas y áreas comerciales junto al estadio de la Nueva Condomina.

COSPEDAL CONTRATACA El caso es que, por orden de un juzgado de Murcia, ayer se produjeron registros en el consistorio de la ciudad; varias casas particulares y empresas. No obstante, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cree que hay intereses más allá de los judiciales tras este asunto. Y así lo soltó en un acto en Toledo. "Una operación con este ruido mediático es para que sea conocida y para que dejen de ser actualidad otros temas como las primarias o el paro, que sube en toda España de manera alarmante".

No tardó en responder a la dirigente conservadora la propia Guardia Civil, que especificó a Europa Press que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dio una orden al instituto armado el pasado 15 de septiembre para que, ayer, se llevara a cabo dicha operación.

En la misma línea se pronunció el titular del Interior, quien arremetió contra De Cospedal por su forma de hacer frente a la corrupción y le aconsejó que llamara a su partido en Murcia para saber qué pasa, tras repetir que la fecha de la operación no fue decisión suya.