Más que la denominación de Cataluña, la financiación autonómica se erige, como era de prever, en el gran escollo para lograr un acuerdo sobre el Estatuto. Decidido a remover ese obstáculo, el Gobierno prepara una oferta novedosa para las fuerzas catalanas: incluir en la Carta una cláusula que garantice la futura mejora de la financiación de Cataluña, pero a cambio de pactar enmiendas que rebajen el apartado financiero de la propuesta. Del grado de concreción de esa cláusula financiera dependerá en buena medida el éxito de las negociaciones sobre el Estatuto.
En lo que atañe a la financiación, el diálogo del Ejecutivo con el PSC, CiU, ERC e ICV se mueve en dos campos: el estrictamente económico y el jurídico. En el primero quien lleva las riendas es el vicepresidente Pedro Solbes, que ha trasladado a sus interlocutores catalanes las líneas maestras del nuevo sistema de financiación que el Ejecutivo intentará pactar con todas las comunidades. Lo que no ha podido hacer Solbes, lógicamente, es cuantificar los recursos adicionales que obtendrá la Generalitat.
La mencionada cláusula, aún por redactar, consignaría que los modelos financieros han sido insuficientes para Cataluña, y también la necesidad de corregir ese déficit en el nuevo sistema y cuando éste se vuelva a revisar en años venideros. Para evitar agravios comparativos, el Ejecutivo no descarta incorporar una cláusula similar, de aplicación a todas las autonomías.
A cambio de esa promesa, el Ejecutivo pedirá a los partidos catalanes que renuncien al control de los impuestos.
