El Gobierno mueve ficha sobre la transparencia. Hasta ahora, decía que el órgano que velaría sobre la norma, que este jueves se discute en su totalidad, sería la ya existente Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en el Congreso que se creará un Consejo de Tranparencia y Buen Gobierno. El ente será independiente. Por otra parte, la número dos del Ejecutivo también se ha apeado de su intención, expresada en el proyecto, de que Hacienda pudiera sancionar e incluso destituir a los responsables municipales que no cumplan con la norma en su apartado del buen gobierno.
"Siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate público y la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", ha afirmado la número dos del Ejecutivo, quien también ha anunciado que el Banco de España y la Casa Real también estarán sometidos a la norma. Estos cambios, sin embargo, todavía no se han incluido en el articulado del proyecto.
“La ley incluirá los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y aquellas instituciones que se financian con dinero público. La primera institución será la Casa Real, que tendrá el mismo nivel de transparencia que el Congreso, el Senado o el Tribunal Constitucional. Ha sido un cambio impulsado por la monarquía. La nuestra será la primera ley de transparencia que incluirá de forma expresa a la Casa Real. También se incluirá el Banco de España. Queremos que sea la ley de todos, en la que estemos todos”, ha señalado Sáenz de Santamaría.
Enmiendas a la totalidad
Tras meses de comparecencias de expertos para hacer aportaciones al texto inicial del Gobierno (más modesto que el que se aprobará finalmente, ya que no incluía ni a los partidos ni a la monarquía), el proyecto de ley pasará ahora el filtro del Congreso. Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad, salvo el PSOE, que mantiene objeciones a la norma pero se abstendrá porque confía en cambiarla durante el plazo de enmiendas parciales.
Los socialistas, por ejemplo, rechazan que la ley , en su apartado relativo al buen gobierno, permita sancionar y destituir a los responsables municipales que no cumplan con ella. CiU y PNV consensuaron sus enmiendas a la totalidad, donde denunciaban la “clara extralimitación del ámbito competencial” y sostenían que la ley traía consigo un “claro cercenamiento de las regulaciones que deben aprobar las comunidades autónomas en el ámbito de la transparencia”. Sin embargo, estos grupos han retirado sus enmiendas al aceptar el Gobierno retocar el capítulo del buen gobierno.
El cambio de actitud del Ejecutivo se ha visto ejemplificado en esta frase de Sáenz de Santamaría. "No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha impuesto nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos demandan también una responsabilidad a nivel individual.
La demanda social
IU-ICV, por su parte, considera que el texto “no está a la altura de las exigencias y demandas de la sociedad”. En su enmienda, el grupo afirma que “en su redacción actual y con el corto recorrido caminado en la tramitación” este norma “no supondrá una mejora en la calidad democrática”, ya que se ha elaborado tras “desoír a expertos y ciudadanía”.
ERC es la única formación que ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo. La propuesta republicana incluye todas las instituciones y organizaciones que reciben dinero público, incluida la Casa Real y la Iglesia católica. En el caso de la monarquía, los independentistas quieren que dé cuenta ante el Parlamento de su funcionamiento y gastos.
