El Gobierno es consciente de que será muy complicado, pero buscará las vías legales que impidan a representantes de ANV gobernar en los ayuntamientos, tras el asesinato del empresario Ignacio Uria en Azpeitia. El objetivo del Ejecutivo es reformar la ley de bases de régimen local, introduciendo requisitos que no permitan dirigir los ayuntamientos a concejales que apoyen el terrorismo. Pero la propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que "no es un asunto fácil".

El Ejecutivo trabaja en diferentes ámbitos para penalizar a los dirigentes de ANV, un partido ilegalizado por el Supremo en octubre, decisión que no implica la pérdida de la condición de elegidos de sus concejales y por lo tanto de gobernar en los consistorios en que tengan mayoría.

De la Vega expresó el empeño del Gobierno en lograr un objetivo que, necesariamente, solo se podría conseguir con una reforma de la ley, que debería aprobarse "con el mayor consenso entre todas las fuerzas políticas", una tarea que llevará su tiempo. Pero la presión del PP, con la convicción de que, efectivamente, el Estado debe encontrar una fórmula, está llevando al Ejecutivo a actuar en todos los frentes.

De la Vega mencionó el artículo 61 de la ley de bases de régimen local. En su punto dos se incluye como causas para disolver un ayuntamiento que dé cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen el terrorismo".

El Gobierno considera que, al margen de esa fórmula que se explorará, las mociones de censura en cada uno de los ayuntamientos gobernados por ANV debe ser también el camino a seguir por las distintas fuerzas políticas. Junto a ello, De la Vega insistió en que el Ejecutivo intensificará sus esfuerzos para construir la Y vasca del AVE.

Pero junto a la cuestión de los ayuntamientos de ANV el Gobierno tiene planteado otro problema, íntimamente relacionado. Debe garantizar que los fondos de ayuda a la inversión en los municipios llegan a los ciudadanos, también de los que son gobernados por ANV.

RECELOS La vicepresidenta aseguró que todos los proyectos se supervisarán de forma escrupulosa, y que los beneficiarios de los 8.000 millones de euros en todos los ayuntamientos de España no pueden ser otros que los vecinos de cada municipio. Pero el Ejecutivo mantiene sus recelos sobre ANV, aunque no tiene una respuesta clara. El PP ha propuesto que esos recursos los gestionen las diputaciones.

La encargada de supervisar esas inversiones es la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que ayer reconoció la dificultad de hallar una vía legal. Salgado afirmó que los ciudadanos de Azpeitia "tienen el mismo derecho a estos fondos", pero insistió en la pretensión del Gobierno: "Lo que tendríamos que buscar es que no sean estos gestores --los ediles de ANV-- los que gestionen estos fondos".