La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas "adecuadas" de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una "oferta de empleo adecuada" comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la nueva Lisos "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Según datos del Ministerio de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. En ese flujo constante de entradas y salidas a la prestación por desempleo transcurrido en ese año y medio, el Ejecutivo ha detectado 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación.

Medio millón de 'falsos parados'

La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas que percibían más de medio millón de 'falsos' parados.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.

De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En concreto, Santamaría ha destacado las actuaciones para frenar el fraude en las prestaciones por desempleo, que han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en el pago de las prestaciones a 'falsos' parados. Según ha detallado, se han hecho investigaciones y comprobaciones que han afectado a 520.572 perceptores, más de medio millón.

Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado a Europa Press que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas.