El Gobierno de José María Aznar ha fracasado en su pretensión de impugnar los Presupuestos vascos del 2003, aprobados por el Parlamento de Vitoria gracias a la ausencia del popular Jaime Mayor Oreja. El titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, se propuso llevar la ley al Tribunal Constitucional, pero ayer admitió que sus servicios jurídicos no han apreciado "elementos de inconstitucionalidad" para hacerlo.

IMPUNTUALIDAD DE OREJA

El pasado 27 de diciembre, el Gobierno de Juan José Ibarretxe logró que el Parlamento vasco aprobara sus cuentas de este año por la impuntualidad de Mayor Oreja que, con su tardanza, permitió que los votos del PNV, EA e IU bastaran para sacar adelante la ley. El 17 de enero, el Constitucional anuló las cuentas vascas del 2002, pero el fallo no tuvo consecuencias porque Ibarretxe ya contaba con unos presupuestos nuevos. La última esperanza del Ejecutivo de José María Aznar era, pues, impugnar esta nueva norma para intentar que el Constitucional la derogara.

Tras reunir en Madrid a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, Arenas explicó que el análisis jurídico elaborado por su departamento ha concluido que en la ley presupuestaria del 2003 "no se aprecian los mismos elementos de posible inconstitucionalidad" que en la del año pasado. Entre otras razones, puntualizó, porque los aspectos recurribles del nuevo Presupuesto vasco figuraban en un "anexo informativo" que no fue votado por el Parlamento y, por tanto, carece de "categoría jurídica" para ser impugnado.

Es precisamente en ese anexo en el que el Gobierno central cifra sus esperanzas de poder plantear un nuevo pleito ante el Constitucional, puesto que, según Arenas, prevé acometer inversiones que entrañarían una invasión por parte del Gobierno vasco de competencias exclusivas del Estado. Por eso, el ministro advirtió al PNV de que aún no ha tirado la toalla: "Vigilaremos si a lo largo de la ejecución del presupuesto se produce un destino distinto al inicialmente previsto en algunas partidas".

Entretanto, los servicios jurídicos de Administraciones Públicas tienen un nuevo encargo: analizar cómo bloquear la reforma electoral que ultiman PNV y EA, orientada a aumentar el peso del voto rural, tradicionalmente nacionalista.

CAMBIO "ANTIDEMOCRATICO"

Arenas calificó ayer de "absolutamente antidemocrática" esta reforma, que tendría especial incidencia en el territorio de Alava y que, según el ministro, "no respeta la proporcionalidad del voto". Si PNV y EA hallan la fórmula para que la reforma entre en vigor antes de las elecciones locales de mayo, el Gobierno instará al Constitucional a suspender su entrada en vigor.