Las comunidades autónomas van a ver drásticamente recortado su poder en las cajas de ahorro de su región. El Consejo de Ministros ha aprobado una profunda reforma legal de las entidades de ahorro para que sean más solventes y profesionales en su gestión. Y para lograr estos objetivos, entiende que los gobiernos regionales deben jugar un papel menor en estas instituciones.
La reforma permite a las cajas operar su actividad financiera a través de bancos. En esos casos, la supervisión de la entidad será exclusiva del Banco de España, en lugar de compartida, como hasta ahora. También cuando las cajas participen en una fusión fría o Sistema Institucional de Protección (SIP), ya que estas se organizan en torno a un banco.
Además, los cargos electos y los miembros ejecutivos de la Administración no podrán formar parte de los órganos de gobierno de las entidades. Los representantes de las autonomías tendrán que estar nombrados por el Parlamento autonómico (en alguna comunidades todavía los podía nombrar directamente el Ejecutivo). Los representantes autonómicos podrán estar en la Asamblea y la Comisión de Obra Social, recien creada, pero no en el consejo de administración.
Peso en los órganos de gobierno
El peso máximo de las instituciones públicas en los órganos de gobierno, asimismo, se reduce del 50% al 40%. Los órganos de gobierno se tendrán que ir renovando a medida que se cumplan los mandatos y en un plazo máximo de tres años.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha explicado tras el Consejo de Ministros que ya ha anunciado los cambios a todos los grupos parlamentarios y ha afirmado que espera lograr un “amplio consenso” con estos y con las comunidades autónomas..
La reforma también facilitan que las entidades capten capital privado a través de cuotas participativas (una especie de acciones), que se podrán emitir hasta un 50% del valor de la caja. Los propietarios tendrán representación directa en los órganos de gobiernos.
