El Gobierno tiene previsto restringir el principio de jurisdicción universal para frenar los desmanes de algunos jueces de la Audiencia Nacional que están provocando problemas diplomáticos con países socios. El Ejecutivo no ha decidido aún si, para hacer la modificación cuanto antes, desgajará este asunto de las reformas legales pendientes, que debe negociar con el PP. Si se decidiera a afrontar este cambio puntual, contaría con el apoyo mayoritario del Congreso, incluidos populares, CiU y PNV.
POTENCIAR EL TPI Fuentes de Moncloa explicaron que el objetivo es dejar claro el alcance de la jurisdicción universal, de manera que solo se puedan aceptar a trámite casos en los que la víctima o el culpable sean españoles o el país donde se cometiera el delito no haya iniciado su propia investigación. "Además de los problemas que nos crean con otros socios, el ciudadano no entiende por qué un juez español está investigando Guantánamo o la represión en el Tíbet cuando los juzgados están colapsados", denuncia Agustín Conde, portavoz de Justicia del PP en el Senado. La socialista Carmen Juanes apuesta por potenciar el Tribunal Penal Internacional (TPI), que nació para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, así como el genocidio, y al que no están adheridos, entre otros, ni EEUU ni China.
MORATINOS, PARA AMORTIGUAR Por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero, en las últimas semanas, el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ha dado explicaciones a representantes de EEUU, Israel y China sobre las investigaciones de algunos jueces que afectan, entre otros, al exvicepresidente norteamericano Dick Cheney (por Guantánamo) y al expresidente chino Jiang Zemin (por el presunto genocidio en el Tíbet).
Las decisiones de estos jueces están provocando serios rifirrafes diplomáticos. Fuentes diplomáticas aseguran que estos procesos "no dañan la relación pero la complican".
