Olo tomas o lo dejas. Esta fue ayer la advertencia del Gobierno ante el rechazo de las autonomías a su plan para mejorar la financiación sanitaria. La vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ejecutivo retirará su oferta de aportar 1.000 millones de euros a la sanidad autonómica si no hay acuerdo sobre su propuesta, por la que el Estado subiría los impuestos del alcohol y el tabaco pero dejaría en manos de las comunidades la posibilidad de encarecer los tributos de las gasolinas y la electricidad.

A una semana de la conferencia de presidentes, el consenso sanitario se antoja aún muy lejano, pues el Gobierno no ha logrado que ninguna autonomía --ni siquiera las gobernadas por el PSOE-- asuma su propuesta. Por eso, ayer, De la Vega quiso dejar claro que, si no se alcanza un acuerdo sobre sanidad, las grandes perjudicadas serán las autonomías, que se quedarán sin la ayuda financiera que ofrece el Estado para paliar el déficit sanitario. "Si la propuesta no gusta habrá que retirarla, porque no se trata de torturarnos ni de torturar a nadie", recalcó De la Vega en tono desafiante.

Pese a que tanto las comunidades como los socios del Gobierno han tachado de "insuficiente" y "cicatera" la propuesta, la vicepresidenta la calificó ayer de "razonable y generosa". Adjetivos que justificó por el hecho de que, de acuerdo con el actual modelo de financiación, diseñado por el Ejecutivo del PP, el Estado no está obligado a poner "ni una sola peseta" para la sanidad autonómica. Ante las críticas recibidas, el Gobierno insiste en dos mensajes. Primero, que el Estado "está dispuesto a hacer un esfuerzo" aunque "la sanidad es competencia de las comunidades". Y segundo, que mantiene su compromiso de no subir la presión fiscal, pero que gravar más el alcohol y el tabaco desincentiva su consumo. De hecho, la vicepresidenta quitó hierro a estas subidas al aclarar que el paquete de tabaco sólo subirá diez céntimos de promedio, la cerveza un céntimo por litro y el whisky, 0,3 euros.

Paradójicamente, las voces más críticas con la oferta gubernamental no procedieron ayer de las comunidades del PP, sino de las socialistas. Así, mientras el presidente balear, el popular Jaume Matas, auguraba un acuerdo y atribuía la postura del Ejecutivo a una "estrategia de negociación", el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo que la propuesta gubernamental es susceptible de ser modificada y habrá que hacer un esfuerzo para mejorarla, sobre todo en cuanto a la aportación inicial prevista se refiere.

Barreda justificó esta afirmación ante los periodistas en Valdepeñas, en que se trata de una de las prestaciones básicas que más preocupa e interesa a los ciudadanos. El presidente regional recordó que la propuesta se analizará el día 7 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.