La aprobación de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados no será un mero trámite como esperaba el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El PP, que ya había comprometido su apoyo, advirtió ayer de que estudia retirarlo tras conocer el visto bueno del Consejo de Ministros al real decreto que permitirá a la Generalitat de Cataluña otorgar los permisos iniciales de trabajo a los inmigrantes. Si finalmente los conservadores hacen efectiva su amenaza, el Gobierno solo podrá buscar el apoyo de CiU, porque PNV, ERC e IU-ICV ya han presentado enmiendas a la totalidad del texto legislativo.

"Es un tremendo disparate" aprobar el real decreto "desarrollando aspectos parciales" de la ley de extranjería cuando se está debatiendo su reforma en el Congreso, alertó el portavoz de inmigración del PP, Francisco Hernando, para quien la prioridad del Ejecutivo de Zapatero "son los apaños con algunas comunidades autónomas".

El portavoz del PNV en materia de inmigración, Emilio Olabarría, justificó ayer su enmienda a la totalidad de la reforma por "la impronta berlusconiana" de algunos de sus preceptos. Para el parlamentario vasco, el proyecto "no resuelve el problema de fondo y da una facultad absolutamente discrecional al Ministerio del Interior para revocar la situación de los inmigrantes".

ERC-IU-IC, que presentaron su veto el viernes pasado, argumentaron que esta reforma legislativa comporta "un nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración orientada a las necesidades productivas", en palabras del diputado de ICV, Joan Herrera. El portavoz de ERC, Joan Tardà, explicó ayer que su enmienda a la totalidad es "constructiva", una suerte de "aviso a navegantes".

Por su parte, UPyD y Na-Bai también están sopesando una enmienda a la totalidad, mientras que la intención de CiU es, por el momento, presentar solamente enmiendas parciales.

La reforma incorpora las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos de los inmigrantes y aplica al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de extranjería. Entre otras medidas, contempla la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento en centros para aquellos extranjeros que van a ser expulsados, así como la restricción de reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge e hijos menores) y parientes ascendientes mayores de 65 años.