La mejora de la financiación de las comunidades autónomas españolas aún tardará en llegar. El calendario con el que trabaja el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sitúa la entrada en vigor de nuevo sistema de financiación, previo acuerdo con todas las autonomías de régimen común, en enero del 2008.

Fruto del acuerdo sellado entre el presidente Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, el Estatuto catalán incluye una disposición final por la que la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat se da un plazo de dos años para "concretar" la ampliación de la cesta de impuestos en manos del Gobierno catalán. Ese es el periodo máximo que tendrá el Ejecutivo central para reformar la actual ley orgánica de financiación autonómica (LOFCA), y está dispuesto a apurarlo.

Y es que, según fuentes oficiales, sería "casi un milagro" que las 15 autonomías de régimen común pactasen la reforma del sistema este año, con tiempo para tramitar la nueva LOFCA en las Cortes y plasmar el acuerdo en los presupuestos del 2007. Aunque el Ejecutivo no descarta acelerar el proceso --el próximo martes creará un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera--, su previsión es que la negociación requiera más de un año, por lo que las comunidades no recibirían recursos adicionales hasta el 2008.

RETRASO Este calendario supone un retraso de un año respecto al que Zapatero fijó en mayo en el Congreso, donde anunció que la reforma de la LOFCA se llevaría a cabo "durante el 2006". Sin embargo, coincide con los pronósticos del ministro Jordi Sevilla y con los planes del vicepresidente Pedro Solbes, que limitó a dos años la ayuda extraordinaria del Estado a la sanidad autonómica con la idea de suprimirla en el 2008, cuando rija el nuevo sistema financiero.

El Gobierno y CiU discrepan sobre el alcance del acuerdo entre Zapatero y Mas respecto a la gestión tributaria. Los nacionalistas interpretan que "se creará un consorcio entre la Generalitat y el Estado que se encargará de recaudar el IRPF, el IVA y los impuestos especiales", mientras que el Estado "seguirá recaudando el impuesto de sociedades". El Ejecutivo, en cambio, cree que la "naturaleza" del IVA y los impuestos especiales y de sociedades jamás aconsejará delegar su recaudación a las autonomías. Fuentes consultadas recuerdan que ningún Gobierno ha cedido la gestión de estos tributos y estiman que no lo hará en el futuro.

NEGOCIACION CON LA UE Aparte de premiar el esfuerzo fiscal de las autonomías --a mayor recaudación, más ingresos--, el Ejecutivo quiere ampliar su capacidad normativa no sólo en el IRPF, sino también en el IVA y los impuestos especiales. Para ello negociará con la UE la creación de una fase minorista de estos dos tributos que no grave la fabricación de los productos, sino su venta directa al consumidor.