El aval del Tribunal Supremo a la exhumación de Francisco Franco llega en un momento especialmente idóneo para el PSOE. A las puertas de las elecciones del 10 de noviembre, cuando Podemos pone en duda su condición de partido de izquierdas y acusa a Pedro Sánchez de preferir a Cs, el visto bueno permite al Ejecutivo poner de nuevo en primer plano una de sus medidas más simbólicas, anunciada hace más de un año y retrasada desde entonces debido, principalmente, a la batería de recursos presentada por los nietos de Franco para impedir su salida del Valle de los Caídos.
Ahora el Gobierno se prepara para llevar a cabo la exhumación y el traslado de los huesos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde yace su esposa. La intención es hacerlo «cuanto antes», para que esté «lo más lejos posible» de la campaña de las generales, según manifestó ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo. Es decir, en las próximas semanas, con lo que los españoles acudirían a las urnas con Franco ya fuera del Valle de los Caídos.
Pero aún quedan pasos por dar. Falta la autorización de la Iglesia, porque el dictador está enterrado en una basílica. «Podríamos interpretar que no hace falta y proceder a la exhumación. El Vaticano nos ha comunicado en un par de ocasiones que estaría a lo que dijese el Supremo, pero vamos a solicitar el permiso», explican en la Moncloa.
El entorno de Sánchez no esconde la oportunidad que supone una medida de este tipo, tan simbólica y potencialmente movilizadora para la izquierda, a las puertas de la campaña. La permanencia del dictador en su sepulcro actual hasta después del 10 de noviembre, aun así, también daría a Sánchez una baza durante la inminente campaña. El presidente en funciones podría pedir el voto, entre otros motivos, para sacar a Franco del Valle de los Caídos, alertando de que si la derecha suma el cadáver continuará en su «tumba de Estado».
otro obstáculo / Queda, por último, otro obstáculo a la salida de los restos. A finales de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid estimó la demanda de un particular y suspendió de forma cautelar el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos, que permitía las obras en el interior de la basílica.
El procedimiento todavía no se ha resuelto, pero el Gobierno señala que no esperará a lo que decida este juez para llevar a cabo la exhumación. «Un juzgado de lo contencioso no puede paralizar ni suspender una decisión aprobada por el Consejo de Ministros. Eso solo puede hacerlo el Tribunal Supremo», subrayan los colaboradores de Sánchez.
«Es una suspensión sin sentido, solo explicable por el perfil ultraderechista del juez», concluyen en la Moncloa. En el 2007, el magistrado José Yusty Bastarreche, responsable de la paralización del informe municipal, se manifestó contra la ley de memoria histórica en un artículo publicado en una revista académica. A su juicio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía «oscuras intenciones» para «revivir todos los hechos que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles», aseguró el juez.
