La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) notificará hoy, a partir de las 11.30 de la mañana, su fallo definitivo sobre si se vulneró -tal como acordó en julio del 2012 una sala de este mismo tribunal- el derecho de la etarra Inés del Río al llamado principio de irretroactividad por habérsele aplicado la doctrina Parot, que ha alargado su estancia en prisión desde el 2008. El Gobierno de Mariano Rajoy y los tribunales españoles se preparan para el más probable de los escenarios (la confirmación del fallo anterior) y estudian cómo gestionar los efectos de una resolución que puede beneficiar a más de medio centenar de etarras y a una decena de delincuentes «muy peligrosos».
La hoja de ruta definitiva no se diseñará hasta que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sea leída y releída varias veces con el fin de intentar encontrar algún resquicio que permita salvaguardar la aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en febrero del 2006 para impedir la puesta en libertad del etarra Henri Parot (de ahí su nombre) y que establecía que, en casos de delitos de sangre particularmente graves, las redenciones de las condenas por beneficios penitenciarios no debían descontarse del plazo máximo de confinamiento (30 años en aquella época), sino de la suma total de las condenas impuestas.
La posible excarcelación de los terroristas a los que se aplicó la doctrina Parot por haber cometido más de un delito de sangre supondría un serio quebradero de cabeza para el Gobierno por la previsible reacción airada de las víctimas. Sin embargo, según apuntan fuentes jurídicas, el margen de maniobra del Ejecutivo es prácticamente nulo. Al ingresar en el Consejo de Europa en 1977, España aceptó integrar la doctrina de Estrasburgo en su ordenamiento jurídico. Por ello, el Gobierno no puede ordenar a los tribunales que dejen sin efecto la resolución del Tribunal Europeo y los jueces no pueden fingir que esa sentencia no existe y liquidar este asunto solo con la excarcelación de Inés del Río. Es más, el fallo de la Gran Sala también vincula a los otros estados miembros.
RETROACTIVIDAD / En la sentencia de julio del 2012, que instó a las autoridades españolas a liberar a la etarra y les impuso una sanción de 30.000 euros, el Tribunal de Derechos Humanos no entró a valorar la legalidad de la doctrina Parot, pero sí estableció sin ningún género de dudas que esta no se puede aplicar con carácter retroactivo, un principio que también recoge la Constitución.
Será la Audiencia Nacional la que tenga que comerse esta patata caliente porque fue el tribunal que firmó las condenas. El pleno de esta sede judicial, integrado por 17 jueces, tiene previsto estudiar el viernes cómo afectará la sentencia a los otros casos. Fuentes del tribunal señalan que las posiciones están muy divididas, aunque una mayoría apuesta por extender sin peros la doctrina del Tribunal Europeo. Una minoría de la que forma parte el presidente de la sala penal, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que los fallos de Estrasburgo no son vinculantes y prefiere dejar las cosas como están. Al menos, estas fueron las posturas defendidas en el pleno celebrado la semana pasada, en el que por 11 votos a 7 se excarceló al etarra Kepa Maren al no aplicársele la doctrina Parot, que habría supuesto su permanencia en la cárcel hasta el 2029.
Lo que es seguro es que los magistrados de la sección segunda no podrán evitar ejecutar el mandato del Tribunal Europeo en lo que atañe a Inés del Río, y en cuanto se les notifique oficialmente la resolución deberán ordenar su puesta en libertad. El único recurso que les quedará, para evitar mayores escarnios, será ordenar el embargo de la indemnización de la etarra para hacer frente a sus responsabilidades civiles en el caso de que esta pieza siga abierta.
A PETICIÓN / Fuentes de la Audiencia Nacional adelantan que, en cualquier caso, el tribunal no actuará de oficio y esperará a que sean los etarras los que pidan la revisión de la liquidación de sus condenas para que se les aplique la nueva doctrina del Tribunal de Derechos Humanos.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional también tendrá que pronunciarse. En el cajón tiene pendientes en torno a 20 recursos de amparo de etarras que reclaman que se les anule la aplicación de la doctrina Parot. La demanda más antigua fue presentada en el 2008 por Ignacio Fernández Larrinoa.
La solución final tardará meses. Y, sea la que sea, traerá cola. Como sostiene un veterano magistrado, en este caso la discusión «no es sobre rojos o azules ,sino sobre listos y tontos en la aplicación del derecho».
