El Gobierno Vasco, en una declaración sobre Derechos Humanos, arremete contra ETA por negar el derecho a la vida de sus conciudadanos y también considera "injustos y desproporcionados" los encarcelamientos de los detenidos por el sumario 18/98. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha leído hoy en Vitoria una declaración institucional del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En primer lugar, el texto denuncia que tras la ruptura del alto el fuego permanente de ETA "comprobamos que siguen entre nosotros personas que niegan el derecho a la vida de todos sus conciudadanos" y añade que con sus últimas actuaciones "sangrientas" la banda terrorista "no sólo sigue provocando sufrimiento injusto, sino que niega de raíz la Declaración de los Derechos Humanos".
"Cualquier discurso que pretenda explicar, justificar o defender la continuidad de la organización terrorista pierde toda legitimidad y credibilidad", afirma la declaración. Además, según el Gobierno Vasco, los derechos humanos "de primera generación están heridos en su mismo corazón" en el llamado sumario 18/98, en referencia a las detenciones y encarcelamientos de los implicados en este proceso seguido contra el aparato político de ETA, Ekin y otras organizaciones del entorno de la banda terrorista.
En opinión del Ejecutivo vasco, la fase final de detenciones antes de la comunicación de las sentencias "no es más que el último capítulo dramático de un ejercicio injusto y abusivo del Estado". Agrega en este sentido que "las garantías penales y procesales han cedido de tal manera que se están produciendo encarcelamientos injustos y desproporcionados" y afirma que "es anacrónico el mantenimiento en pleno siglo XXI de los delitos de opinión".
Una política penitenciaria inhumana
La declaración también denuncia el mantenimiento de una política penitenciaria que contempla la "inhumana e injusta" dispersión de presos que implica una pena añadida para el recluso y sus allegados. En el texto se alude asimismo a otros "ataques frontales al espíritu, letra y contenido" de los derechos humanos como la tortura que "se continúa produciendo en centros de detención".
El consejero Azkarraga, en nombre del Gobierno autonómico, recalca que "tampoco se pueden estrechar los espacios legítimos de las libertades de asociación, de prensa, ideológica y expresión mediante la aplicación de la vigente ley de partidos o de una normativa antiterrorista excesiva y desproporcionada en muchos aspectos".
También recuerda que en los pactos de 1966 que desarrollaron la Declaración Universal de Derechos Humanos "incluyeron el derecho de autodeterminación entre los primeros a ser objeto de consideración". Al respecto, el Gobierno Vasco defiende "la voz de la soberanía popular como último y más autorizado garante de construcción democrática". Por último, el Gobierno de Ibarretxe subraya que este balance "no debe desanimarnos" e indica que estas "transgresiones" son un "acicate" para reforzar "nuestra firme y comprometida apuesta por el programa de convivencia y construcción social" que impulsa "derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales".
