El Gobierno vasco acusó ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de "cuestionar" el trabajo de los forenses que controlan la evolución del estado de salud de Arnaldo Otegi y pidió "respeto" para los profesionales del Instituto Vasco de Medicina Legal.
El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe expresó así su malestar por el auto que Grande-Marlaska difundió el pasado viernes para manifestar su disconformidad con las apreciaciones médicas de los profesionales que, siguiendo su orden, controlan a Otegi.
Esta reacción se suma a la que ya manifestó la pasada semana el Gobierno vasco contra la decisión de Marlaska de encarcelar a quien es "interlocutor" en el "proceso de diálogo". Entonces tildó de "sinsentido jurídico y estupidez política" la maniobra para poner fin a la libertad condicional del portavoz de Batasuna, y ayer reprochó al magistrado que siembre "dudas" sobre la actividad, "digna de elogio", de los forenses vascos.
"SORPRESA Y DISGUSTO" El departamento de Justicia, al que se encuentra adscrito el Instituto Vasco de Medicina Legal, divulgó una nota en la que confirma su "sorpresa y disgusto" ante la decisión de Grande-Marlaska de dar más crédito a la opinión de personas "que no han visto al paciente" que a los especialistas del Servicio Vasco de Salud.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), recordó que el instituto que agrupa a los forenses vascos es un "órgano técnico de carácter pericial, independiente y de probada cualificación". Además, precisó que el seguimiento médico de Arnaldo Otegi se está realizando de "forma escrupulosa" y pidió una "adecuada reserva" respecto a las cuestiones relativas a la salud del portavoz de Batasuna.
RESPALDO A PILAR ELIAS Por otra parte, en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco se aprobó ayer una proposición no de ley del PP en solidaridad con Pilar Elías, la concejala de Azkoitia que padece la "terrible injusticia de enfrentarse a diario" con el asesino de su marido Ramón Baglietto, que ha instalado un negocio en los bajos el inmueble donde reside Elías.
La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos, salvo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK ) y de Aralar, que optaron por abstenerse. El tripartito de PNV, EA y EB presentaba una enmienda, que no llegó a votarse, en la que junto al apoyo a Pilar Elías defendían la "reconciliación". Aunque prosperó el texto de los populares, los partidos aliados en el Gobierno vasco acusaron a los conservadores de "utilizar" a las víctimas.
En la misma comisión de Derechos Humanos, se acordó que la Cámara vasca inste al Gobierno español a que "haga cesar la incomunicación de los detenidos que facilita la tortura" ateniéndose a los criterios establecidos por el Relator de la ONU. El acuerdo contó con los votos de los nacionalistas, mientras que PP y PSE votaron en contra.
